Los alumnos de Ciencias de la Salud de la universidad privada sí podrán hacer sus prácticas curriculares en los hospitales públicos valencianos, al menos los matriculados en la Universidad Católica «San Vicente Mártir» de Valencia (UCV) y de forma cautelar. A un mes de que se abra el curso académico 2016-2017 y, precisamente por ello, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, TSJCV, ha resuelto suspender cautelarmente la decisión del Consell de excluir a los estudiantes de Medicina y Enfermería de esta institución de los centros públicos para hacer sus prácticas a la espera de que se resuelva si, esta nueva reorganización es o no ajustada a derecho.
La medida no se había puesto todavía en marcha pero ya se había decidido que los nuevos estudiantes de Medicina, Farmacia, Fisioterapia, Enfermería y Psicología Clínica de las tres universidades privadas que van a empezar el mes que viene no iban a poder hacer sus prácticas en los centros públicos. Para los ya matriculados se estaba articulando un periodo transitorio que obligaba a las privadas a conveniar el practicum pendiente con la Universitat de València a cambio de una compensación económica.
El Consell justificaba la medida, única en el territorio español, en que había que poner orden en la relación entre instituciones docentes y sanitarias atendiendo al Real Decreto 420/2015 (cada hospital solo puede recibir estudiantes de un grado) pero, también, a que los profesionales sanitarios del ámbito público no podían mantener acuerdos para tutorizar a alumnos procedentes de la privada porque suponía una «irregularidad» al ser contrarios a la Ley de Incompatibilidades de 1984.
«Arbitrariedad e indefensión»
El auto del TSJ, fechado el pasado miércoles 10 de agosto, atiende parcialmente el recurso de la Católica en el que pide proteger los derechos fundamentales de sus alumnos al entender que «en vía de hecho» la Conselleria de Sanidad les estaba obligando a una «actuación administrativa arbitraria» y podría haber «indefensión».
Al no existir una orden que regule la aplicación de esta decisión del Consell, la UCV llevó ante el juzgado las nuevas condiciones comunicadas verbalmente en una reunión celebrada el 25 de julio en la Conselleria de Sanidad. En ella se les anunció que no se aplicarían los convenios vigentes, y por lo tanto sus alumnos dejaban de poder hacer prácticas en los centros públicos, ya que se vulneraba «la ley de incompatibilidades» como les comunicó la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en un escrito del 7 de julio.
Además, en la reunión —sobre la que aseguran que no se quiso levantar acta— se les notificó que debían compensar a la Universitat de València por un precio que ésta fijara «libremente» para que los alumnos ya matriculados pudieran seguir con este practicum en el «periodo transitorio».
La sala de vacaciones de los contencioso-administrativo del TSJ no entra a valorar el fondo del asunto pero sí entiende que de no adoptar esta suspensión cautelar —a la que el Ministerio Fiscal se opuso— se podrían «producir situaciones jurídicas irreversibles o de difícil restablecimiento (?) debido a la inmediatez del inicio del curso».
La Católica no es la única universidad privada que anunció medidas legales ante la decisión de crear dos circuitos de prácticas diferenciados. Mientras, y ante la inminencia del principio de curso, tanto la UCV como la Universidad Cardenal Herrera-CEU, como la Universidad Europea estaban celebrando reuniones discretas con los gestores de los hospitales que, en principio, Sanidad les marcó como salida «natural»: cuatro de los cinco que actualmente son de titularidad pública pero están bajo gestión privada (Alzira, Elx, Torrevieja y Dénia).
La opción de conveniar las prácticas con hospitales privados seguía sobre la mesa pero la oferta de centros de estas características es exigua en la Comunitat Valenciana.
