La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha fijado unos nuevos criterios de adjudicación para normalizar y regularizar, a través del alquiler, la situación de los más de cien residentes de viviendas sociales que se han quedado sin contrato de compraventa por impagos.
Estas personas, que continúan ocupando el inmueble al no haberse ejecutado el lanzamiento que inició el anterior gobierno, se encuentran en muchos casos en situación de vulnerabilidad social y cumplirían los requisitos para ser adjudicatarios de viviendas públicas.
La Conselleria de Vivienda ha decidido normalizar la situación de estas familias para que se queden en el piso social a través de un alquiler, y ha aprobado una resolución que determina unos nuevos criterios de adjudicación, adaptando su renta y la deuda a sus circunstancias personales y socioeconómicas.
La conselleria también aprobó, el pasado mes de abril, otra resolución para regularizar la situación de las personas que, aunque cumplían requisitos para subrogarse en el contrato de alquiler de la vivienda pública en la que residían, quedaron en situación irregular por presentar la solicitud fuera del plazo.
Por ello, añadió, se ha considerado necesario regularizar la situación de estas personas, «no sólo para normalizar el patrimonio de promoción pública, sino también para evitar el desalojo de los ocupantes de estas viviendas que no tienen alternativa para acceder a otra vivienda del mercado libre».
La directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró, señala que la medida adoptada «responde a la vocación social y de rescate de las personas del Consell, así como la apuesta de la conselleria por dignificar la vivienda pública poniendo en marcha las medidas y los recursos disponibles para mejorar todo el parque público».
