El fiscal del TSJ Rafael Navarro se opuso a la suspensión cautelar de las prácticas de los alumnos de la Universidad Católica de Valencia en hospitales públicos decretada por la Generalitat al considerar que no existen «daños y perjuicios de reparación imposible» para los estudiantes a pesar de la inminencia del arranque del curso. Según el escrito de contestación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Levante-EMV, en las alegaciones de la Universidad Católica no se aprecian daños irreparables. El centro privado alegó que la decisión del Consell perjudicaba a los alumnos ante la inminencia del curso.
En el recurso, la Universidad Católica de Valencia denunciaba que la decisión de la Generalitat Valenciana transcendía la legalidad, vulneraba el artículo 24 de la Constitución y se trataba de una actuación administrativa «arbitraria».
La sala rechazó los argumentos de la Fiscalía al entender que se podrían «producir situaciones jurídicas irreversibles o de difícil restablecimiento (...) debido a la inmediatez del inicio de curso».
El Consell justificó la medida, única en el territorio español, en que había que poner orden en la relación entre las instituciones docentes y sanitarias atendiendo al Real Decreto 420/2015 (cada hospital solo puede recibir estudiantes de un grado) y en que a que los profesionales sanitarios del ámbito público no podían mantener acuerdos para tutorizar a alumnos procedentes de la privada porque suponía una «irregularidad» al ser contrarios a la Ley de Incompatibilidades de 1984.
El auto del TSJ, fechado el pasado miércoles 10 de agosto, atiende parcialmente el recurso de la Católica en el que pide proteger los derechos fundamentales de sus alumnos al entender que «en vía de hecho» la Conselleria de Sanidad les estaba obligando a una «actuación administrativa arbitraria» y podría haber «indefensión».
Al no existir una orden que regule la aplicación de esta decisión del Consell, la UCV llevó ante el juzgado las nuevas condiciones comunicadas verbalmente en una reunión celebrada el 25 de julio en la Conselleria de Sanidad. En ella se les anunció que no se aplicarían los convenios vigentes, y por lo tanto sus alumnos dejaban de poder hacer prácticas en los centros públicos, ya que se vulneraba «la ley de incompatibilidades» como les comunicó la consellera de Sanidad, Carmen Montón, en un escrito del 7 de julio. La sala todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto.
La Universidad Cardenal Herrara-CEU también ha recurrido el sistema de prácticas en términos similares a la Católica.
