18 de agosto de 2016
18.08.2016

La federación «salva» a los cazadores del fraude y apunta a los dueños de las fincas

El presidente del colectivo, Joan Quilés, mantiene que la mayoría practica la caza social y carece de recursos para las monterías mayores

18.08.2016 | 04:15

El presidente de la Federación Española de Caza, Joan Quiles, defendió ayer a los cazadores valencianos al descartar que el fraude fiscal que está investigando la Agencia Tributaria pueda afectarles. «En todo caso –apuntó– esa responsabilidad es de los dueños de las fincas».

Quiles, que hasta 2014 estuvo al frente de la federación valenciana, aseguró que la mayoría de los cazadores de la Comunitat se dedican a la «caza social», que cumple un cometido social y ambiental de control de especies cinegéticas. «Yo he sido presidente de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana durante quince años y nunca he participado en una montería de caza mayor», aseguró. Quiles se refirió así a la información desvelada ayer por Levante-EMV sobre la investigación abierta por Hacienda por un presunto fraude fiscal en la actividad de caza mayor en los últimos 4 años. La población objeto de investigación abarca a más de 80.000 personas entre cazadores, organizadores y empresas. Con todo, sostuvo que en ningún caso la mayoría de los cazadores hayan incurrido en ninguna ilegalidad fiscal.

La Oficina de Lucha Contra el Fraude ha requerido a la Generalitat para que le facilite documentación detallada sobre todas las cacerías celebradas en la Comunitat entre 2012 y 2014 y que identifique a los participantes.

Quiles afirmó que le parece bien que Hacienda vigile que «todos contribuyan», pero remarcó que «el fraude fiscal no está en los usuarios, sino en los dueños de las fincas», ya que los cazadores pagan a los organizadores de las cacerías una cantidad de dinero que se sitúa entre los 2.000, 4.000 o 6.000 euros en función de los ejemplares de especies cinegéticas criadas en la finca que el usuario desee abatir. El dinero se abona, aclaró, para poder participar en las monterías y luego son los dueños de las fincas quienes deben declarar los beneficios obtenidos al fisco. «Es como ir a comprar algo al Corte Inglés y que luego la empresa no declararase lo que ha ganado con las ventas», precisó.

Por ese motivo, Quiles afirmó que «ningún cazador deba preocuparse» de recibir algún tipo de sanción por parte de Hacienda. Insistió en que el 90 % de los cazadores de la Comunitat practican la «caza social» y que la mayoría «no han abatido nunca» piezas de caza mayor que se encuentran en las fincas privadas donde se exigen unas cuotas que los cazadores «no pueden asumir». «Está fuera de su alcance», remarcó.

Base de datos
Por lo pronto, los servicios jurídicos de la Conselleria de Medio Ambiente se han puesto manos a la obra para revisar «expediente por expediente» toda la información sobre las personas, empresas y organizaciones que han participado en actividades de caza mayor en la Comunitat Valenciana desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015.

El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, anunció ayer en declaraciones a este diario que en próximas campañas se «sistematizará» toda la información sobre las actividades de caza mayor porque no se dispone de una base de datos centralizada con la documentación que Hacienda exige al Consell. Esos datos se refieren, entre otros, al día de la organización de la cacería, número de participantes, cantidad de reses abatidas o la relación de los titulares de las fincas en los que se organizaron las monterías.

Álvaro aseguró que la conselleria ya tiene recopilada el «75 % de la información» y «en una semana» traspasarán todos los datos que Hacienda les ha pedido para poder completar la investigación. El alto cargo destacó que Medio Ambiente tiene total disposición de colaborar con la Agencia Tributaria y ello a pesar de que la información fiscal sobre la actividad de las fincas es competencia de Madrid. A la Generalitat le corresponde la correcta gestión cinegética de los cotos, es decir, el control del número de especies que se autoriza abatir y la revisión del cumplimiento de las órdenes de vedas.

Así, la ley valenciana de caza obliga al medio centenar de cotos de la Comunitat a reinvertir en mejoras medioambientales al menos el 35% de las rentas obtenidas por la actividad. De hecho, deben remetir de foma anual una memoria económica a la conselleria que justifique los gastos en cuestiones como el arreglo de caminos o el cuidado de la población cinegética. Forma parte de la información que Hacienda quiere tener y que usará para cruzar datos para investigar.

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