19 de agosto de 2016
19.08.2016

El pacto anticorrupción de Rajoy y C's condena a Barberá y al grupo municipal

El sí del PP traslada toda la presión a los concejales, los únicos cargos en activo con imputación

19.08.2016 | 04:15
El pacto anticorrupción de Rajoy y C's condena a Barberá y al grupo municipal

El sí sin matices que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, dio ayer a las seis condiciones formuladas por Ciudadanos para sentarse a negociar sobre la investidura «condena» casi de forma inexorable a la senadora Rita Barberá y al grupo municipal del PP de Valencia. Entre los seis compromisos que Rajoy ha hecho suyos se incluye el de «apartar a cualquier cargo, público o de partido, imputado por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial».

El enunciado deja poco margen a los nueve concejales populares imputados por un presunto delito de blanqueo de capitales y se convierte en la espada de Damocles de la senadora Rita Barberá si finalmente el Tribunal Supremo acepta la petición fiscal de imputarla por los mismos hechos que en Valencia han segado la carrera política de su otrora equipo de Gobierno.

En espera de esta decisión judicial y tras el acuerdo anticorrupción alcanzado ayer entre Rajoy y Rivera toda la presión se traslada al PP de Valencia, tal como ha venido informando este diario. Los ediles valencianos son los únicos cargos del PP en activo (al menos en puestos visibles de primera fila) en toda España sobre los que pesa una imputación formal por corrupción. Hace cinco meses, Génova les abrió expediente informativo y pactó con ellos una suspensión de militancia, pero siguen sentados en la bancada popular como independientes. La única manera de «apartarlos», como reza la exigencia de Ciudadanos es expulsándolos del partido ya que, hasta ahora, los concejales no han cedido a la presión y se niegan a dejar el escaño. Sin carné pueden seguir como concejales, pero pasarían a ser no adscritos. Sería un drama para el PP ya que se quedaría con un sólo concejal (Eusebio Monzó, para más inri, independiente), pero también daría manos libres a Bonig para refundar su partido en el cap i casal. La vía de la expulsión es la apuesta de la dirección regional del PP, una solución que Génova venía dilatando en espera de que el juez se pronuncie sobre la apertura de juicio oral.

Tal como informó ayer este diario, la cúpula regional apuesta por que la reactivación inesperada de la crisis en el grupo municipal fruto de las negociaciones en el ámbito estatal se salde con una resolución anticipada del expediente. El procedimiento tiene su complicación porque los estatutos del PP establecen que, en casos de corrupción, la expulsión está prevista cuando haya condena.

Con todo, el PP podría forzar los estatutos. No obstante, el problema de cómo sacar de las instituciones los cargos electos imputados no está resuelto con la ley actual el acta no es del partido sino de la persona. Quizás haya alguna pista en documento anticorrupción que Rajoy y Rivera tienen previsto firmar hoy en el Congreso. La necesidad de reformar la ley para cumplir con algunas exigencias de Ciudadanos se produce también con el asunto de los aforamientos. Precisamente, el foro ha salvado a Barberá y al diputado autonómico Miguel Dominguez de estar la misma situación judicial que sus excompañeros en el Ayuntamiento de Valencia.

De todos modos, en el PPCV se da por sentado que el problema Barberá no será mayor para Rajoy si es imputada. La senadora no contempla, según diversas fuentes, amarrarse al escaño. Se irá si es imputada, una decisión que al parecer ya ha comunicado a Rajoy mucho antes de que Ciudadanos se le exigiera. En todo caso, con el acuerdo con C's su camino no tendría más remedio que irse o enfrentarse al escarnio de un expediente disciplinario.

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