El negocio de las mordidas estaba en los modificados de obra. Una conversación entre el entonces consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla, y el yonki del dinero Marcos Benavent -grabada en secreto por éste último el 14 de abril de 2006- confirma a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la trama de comisiones que investiga en el «caso Taula» imponía un doble peaje corrupto a las contratistas: al adjudicar las obras y al aprobar los modificados de obra o «reformados». Aunque esta conversación, inédita hasta ahora, no guarda relación con los contratos investigados en el Ayuntamiento de Valencia, los agentes la incluyen en su informe para ilustrar las «rutinas productivas» de la presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Valencia, pero también en la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA). El nexo común entre ambas tramas era el «yonki del dinero», entonces a sueldo de la Fundación Jaume II el Just, pero que un año después recalaría en Imelsa (Impulso Económico y Local SA), dependiente de la Diputación de Valencia, donde Caturla también fue fichado por Alfonso Rus como vicepresidente económico de la Diputación de Valencia.
Benavent era en 2006, según sus propias palabras, una especie de «recaudador» de mordidas. En el fragmento de conversación entre ambos analizan la manera de exigir estas comisiones en una obra, supuestamente de Ciegsa. «Va a ir una persona del partido, habla con él, punto», insta Caturla a Benavent. Y le insiste: «Esa obra no la controlo, no sé cuánto, cuánto margen tiene... ¿Me entiendes? Tienes que pedir, pedir...» A lo que Benavent apunta la posibilidad de aprobar un «reformao (sic) o historias». Es el mismo Benavent quien aclara a la Guardia Civil el significado de esta conversación. «Los reformados [de obra] nos permitían que las comisiones a percibir fuesen superiores, puesto que también se cobraban comisiones de ellos. Era habitual hacer reformados y cobrar de los mismos».
En el transcurso de esa misma conversación, es el mismo Caturla el que confirma esta estrategia a Benavent. «Tengo que arreglarle ahí 200 millones de pesetas», asegura el consejero delegado de Ciegsa mientras hablan sobre el modificado de una obra en Torrevieja. Se trata, presumiblemente, del IES Nuevo Mediterráneo número 4 que se licitó por 7,3 millones de euros, se adjudicó a Cleop -una de las empresas implicadas en la trama- por 6,1 millones y acabó costando 9,1 millones de euros. Un incremento del 48% sobre el precio del contrato. Benavent justifica que Caturla hablara de inyectar 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros, justo la rebaja que ofertó Cleop para adjudicarse el concurso) porque «se trataba en este caso de la cantidad que tenían que arreglar para compensar la baja realizada inicialmente por los licitadores. Siempre se arreglaban cantidades para que las empresas adjudicataria compensasen las pérdidas, la baja realizada además de la mordida en cada caso».
Se trata la confirmación, para los investigadores, de que «presuntamente se usarían los modificados para compensar pérdidas» como «la baja realizada por la sociedad adjudicataria y la comisión» que obtenía la trama corrupta.
La Guardia Civil cita este caso como ejemplo para explicar los modificados en dos de los cinco concursos investigados y adjudicados por Maria José Alcón en el área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia.
Los «reformados» de Alcón
La limpieza de las fachadas de la Lonja se adjudicaron en 2003 a la empresa Estudios Métodos de la Restauración SL por 1.027.674,64 euros pero en 2005 se aprobó un modificado de 448.056,08 euros. «Aunque no existen indicios de que se actuara de forma similar, sería significativo que esta empresa presentara una baja del 20% [al presentarse al concurso] y, con posterioridad, se realizara un nuevo contrato de modificación, ampliando el primero un 43,6%», señala la Guardia Civil en su informe. Existen indicios de que «Marcos Benavent recibió 9.000 euros como comisión o mordida por esta adjudicación que posteriormente entregó a Maria José Alcón», señala el juez de Instrucción 18, Víctor Gómez, en el auto que imputa a ambos.
El concurso para las obras de conservación y restauración de los puentes históricos de Serranos y de la Trinidad, adjudicadas en febrero de 2007 a la misma empresa de la Lonja, Estudios Métodos de la Restauración SL, por 2.357.951,98 euros se modificó en 2010 por 320.271,80 euros. «Hay indicios de que Carlos Vicent (el primer propietario de la empresa) pudo pagar una cantidad no determinada de dinero por esta adjudicación a EMR», concluye el magistrado.
