21 de agosto de 2016
21.08.2016
«Caso Taula»

Alcón se escuda en sus técnicos

La exconcejala de Cultura alega que no intervenía en la adjudicación de los contratos investigados por el pago de mordidas y responsabiliza a los funcionarios

21.08.2016 | 13:19
Alcón se escuda en sus técnicos

En la intimidad de su despacho, Maria José Alcón supuestamente maniobraba para adjudicar los contratos de obras del área de Cultura a las empresas que quisieran pasar por el aro y pagar mordidas. Las grabaciones que hizo el exyonki del dinero Marcos Benavent así lo atestiguan. Pero ante la Guardia Civil y el juez la exconcejal se escuda en que eran los técnicos quienes decidían las adjudicaciones bajo sospecha.

­ La culpa fue de los técnicos, de alguien que ya ha muerto o del chachachá. Son las socorridas excusas a las que suelen recurrir los imputados cuando el asunto se pone feo y tienen que declarar ante el juez. La exconcejala y exasesora del Partido Popular de Valencia, Maria José Alcón, ha elegido la opción «A». Ella era la concejala pero quien decidía sobre las contrataciones eran «los técnicos». Es la respuesta que ofreció a los agentes de la Guardia Civil que la interrogaron durante cuatro horas y veinte minutos, tras ser detenida el pasado 26 de enero, en el marco de la «Operación Taula» por «concertar» una red de mordidas para «enriquecerse».

Los investigadores indagan sobre los detalles de cinco contratos adjudicados entre 2003 y 2007 que Alcón habría adjudicado, presuntamente, a cambio de mordidas. Su supuesto recaudador era el entonces responsable de Relaciones Institucionales de la Fundació Jaume II el Just, Marcos Benavent, que ya era un «yonki del dinero».

Los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrean los expedientes de contratación de la rehabilitación de la Lonja, las Torres de Quart, los puentes de Serranos y la Trinidad, el centro cultural La Rambleta y los actos de la Mostra de 2006 porque son los que aparecen mencionados en las conversaciones privadas entre Alcón y Benavent que éste último grabó como «un seguro de vida» y para que «cada uno asumiera su responsabilidad» si llegaba a pasar algo.

Maria José Alcón declina toda la responsabilidad en la adjudicación de los concursos en los que, declaró a la Guardia Civil, ella «no intervenía» porque «dependían de la Mesa de Contratación formada por el interventor del Ayuntamiento de Valencia, un secretario y el concejal de contratación, que actuaba como presidente», declaró, en referencia al edil Félix Crespo. Según la exconcejala «eran ellos quienes estudiaban los expedientes y los valoraban» ya que ella sólo «sabía quienes eran los adjudicatarios cuando se hacía público».

Los agentes de la UCO también se interesaron por quién elaboraba los informes que puntuaban y valoraban los proyectos que se presentaban a concurso. En las grabaciones de Benavent, Alcón exhibe un dominio absoluto sobre este detalle. Incluso se jacta de valorar «chorradas» para decantar uno de los concursos a favor de una empresa comisionista. Y de elegir a los componentes del tribunal que elegía a las adjudicatarias «entre personas de confianza». Sin embargo ante la Guardia Civil declara que los informes sobre las ofertas los elaboraban «una comisión de varios técnicos» a los que sólo conocía «profesionalmente». Y que los tribunales «se hacían en base a la propuesta de la Jefa de Servicio de Patrimonio Histórico, porque era quien decidía y, una vez me proponía el resultado, yo lo firmaba».

Sobre la Mostra de cine de Valencia, de la que sólo se investiga el año 2006 (a pesar de que Alcón organizó trece ediciones desde 1995 hasta 2008), la exconcejala hace recaer toda la responsabilidad de los contratos en «la Jefa de Acción Cultural». Y en el que era su asesor, Pedro Aracil -también investigado- quien, en palabras de la edil. «se encargaba de revisar todos los informes técnicos previos antes de que ella lo firmara en los contratos de la Fundación del Cine y en la Concejalía de Cultura».

Tras su extensa declaración en la Comandancia de Patraix, Maria José Alcón tuvo que comparecer ante el magistrado del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia. Se ratificó en todo lo dicho, aunque aprovechó para matizar y enmendar errores y contradicciones en las que había incurrido. Sobre los sobrecostes en las obras de los puentes históricos, Alcón responsabilizó al arquitecto responsable de la obra, Ignacio Bosch, porque «era un arquitecto endiosado y siempre quería hacer algo más y, cuanto más duraba la obra, más cobraba». Y volvió a insistir en que fue la jefa de servicio de Patrimonio Histórico quién asesoraba y redactaba los pliegos en su área. Ante el juez, Alcón también tuvo que admitir que conocía a Benavent, con quien aseguraba no haber hablado «nunca en privado». Aunque ante la evidencia de las grabaciones, cambió su versión y alegó que se daba «una importancia que no tenía».

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