La dirección general de nuevas tecnologías de la Generalitat ha entregado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los correos entrantes y salientes de los «correos electrónicos corporativos asignados» al exconsejero delegado de Ciegsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Máximo Caturla, según una diligencia del grupo de la UCO que investiga los delitos contra la Administración a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Caturla es una pieza clave en el «Caso Taula». No en vano es el hombre de las cuentas y los números durante los años investigados en Ciegsa, la Diputación de Valencia y el PP de Valencia. La financiación de los grandes contratos de la institución provincial que están bajo sospecha y cuyos expedientes y facturas están siendo revisados en la causa judicial se adjudicaron con Caturla en el área económica. Por ejemplo las concesiones de obras para colocar el césped artificial en los campos de fútbol, el plan estrella de Rus que supuso un desembolso de 32 millones de euros, o el «call center», que protagoniza otra pieza judicial propia y que provocó el desencuentro entre Marcos Benavent y su exsuegro, así como la ruptura entre Caturla y el exyonki del dinero.

Aunque los investigadores también han centrado sus pesquisas en la etapa de Caturla al frente de Ciegsa, la empresa pública responsable de construir los colegios que llegó a contabilizar sobrecostes por valor de 1.130 millones de euros, según un informe de la Intervención de la Generalitat sobre la extinta sociedad. Durante los tres años que Caturla estuvo al mando de Ciegsa, desde mitad de 2004 hasta julio de 2007, también fue el máximo responsable de las finanzas del PP en la provincia de Valencia.