23 de agosto de 2016
23.08.2016
Tribunales

El Consell alega que es ilegal mantener los convenios «caducados» de la Católica

La Generalitat recurre las medidas cautelares dictadas por el TSJ que permiten a estos universitarios hacer prácticas en los hospitales públicos

23.08.2016 | 04:15
Fachada de una de las sedes de la Universidad Católica.

La Generalitat Valenciana cree que permitir que los estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia puedan seguir haciendo prácticas en hospitales públicos a partir de septiembre de forma cautelar conllevaría numerosas «irregularidades» ya que, detrás, no hay «ningún marco jurídico» que lo sustente al estar los convenios caducados.

Así lo ha defendido la Abogacía de la Generalitat ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el recurso de reposición presentado contra el auto del 10 de agosto que establecía medidas cautelares y permitía a estos estudiantes –y solo a estos– mantener el status quo actual y seguir haciendo el practicum en los hospitales públicos.

Las consellerias de Sanidad y Educación se habían propuesto adoptar ya –a partir de este próximo mes de septiembre– lo dispuesto en el Real Decreto 420/2015 y poner orden en el practicum que los estudiantes de Medicina, Enfermería o Fisioterapia hacen en los hospitales durante su formación. Así, un mismo hospital solo podría recibir estudiantes de Medicina de una sola facultad y así sucesivamente. El objetivo era mejorar la calidad de las prácticas y reducir la «masificación» denunciado incluso por los alumnos.

Aprovechando esta ordenación se quería aplicar también una distinción entre universitarios de la pública y la privada para acabar con la irregularidad de que funcionarios públicos tutorizaran a alumnos de la privada en su horario de trabajo sin que, además, el servicio público se viera compensado económicamente por ello. La nueva ordenación le fue comunicada a las universidades privadas en varias reuniones y la Católica decidió recurrir las «órdenes» recibidas en una de ellas, argumentando que se les obligaba «por vía de hecho» y se atentaba contra los derechos fundamentales de sus estudiantes, por lo que pidieron medidas cautelares ante la inminencia del nuevo curso, que fueron parcialmente aceptadas.

La sala de lo contencioso tiene ahora sobre la mesa el anunciado recurso del Consell contra estas medidas cautelares, fechado el pasado jueves 18 de agosto, y que solicita que el curso académico 2016-2017 comience de forma uniforme y que todos los universitarios de Ciencias de la Salud de la privada hagan, a partir de ahora, sus prácticas académicas en centros privados.

Contra el interés general
La Generalitat Valenciana defiende en su exposición de motivos que permitir a la Católica que todo siga como hasta ahora vulneraría el ordenamiento jurídico ya que se seguirían aplicando unos convenios de prácticas que «están caducados». De esta forma, y siguiendo esta línea, la abogada de la Generalitat entiende que, aplicar la medida cautelar sería atentar contra el interés general ya que se estaría incumpliendo tanto el nuevo real decreto 420/2015 de organización de universidades y hospitales como la ley de incompatibilidades de los empleados públicos. «No puede existir interés general en la aplicación de un convenio que supone una quiebra de la norma que, expresamente, regula estos convenios», se especifica en el recurso de reposición.

Además, la Generalitat entiende que hacer esa distinción con los alumnos de la Católica dejaría en una situación de «inseguridad jurídica» tanto al personal médico que tutorizará sus prácticas vulnerando la ley de incompatibilidades como a las universidades privadas por aplicar convenios que no están vigentes.

El Consell insiste en que seguir haciendo prácticas en hospitales públicos sin cobrar por ello supone un evidente «quebranto» para la hacienda púbica que también debería tenerse en cuenta al valorar la prevalencia del interés general.

En el recurso se apunta también que a la universidad se le notificó el 31 de mayo que sus convenios no tenían vigencia al no haberse prorrogado de forma explícita y se puntualiza que los alumnos de Ciencias de la Salud podrán realizar las prácticas en la red privada, según un compromiso emitido desde la propia institución de enseñanza.

Soluciones «consensuadas»
Desde la Generalitat se rebate también la visión dada por la Universidad Católica en el recurso de medidas cautelares asegurando que lo hablado en esa reunión de julio no suponía «vía de hecho» ni obligar a la institución a nada ya que las reuniones se estaban llevando a cabo para buscar soluciones «consensuadas» a la situación.

«Nadie obliga unilateralmente a nadie (?) por lo que las decisiones que se dice que ha adoptado la administración, ni se han adoptado, ni por tanto son constitutivas de vía de hecho», añaden. La «UCV considera una imposición y una vía de hecho lo que es una búsqueda de soluciones legales a la realización de prácticas formativas», concluyen.

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