La reunión ayer en Madrid entre las comisiones negociadoras de PP y Ciudadanos para un posible acuerdo de investidura de Mariano Rajoy la próxima semana puede dar un giro importante a la situación de los nueve concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados por un presunto delito de blanqueo.

Tanto el partido de Albert Rivera como el de Rajoy coinciden en que el pacto contra la corrupción, cinrcunscrito en principio a cargos investigados en el Congreso, el Senado o el Gobierno, se extienda también a ayuntamientos y comunidades autónomas.

En este punto, Ciudadanos de la Comunitat Valenciana tiene mucho que decir y, de hecho, la formación reclama una ley que obligue a los concejales imputados por delitos relacionados con la corrupción a abandonar su escaño, de forma que la norma no permita enrocarse, como ocurre ahora, ya que la decisión de abandonar el acta es personal. Pero para ello es necesario reformar la ley y Ciudadanos lo ha puesto sobre la mesa en la negociación.

«Nosotros no queremos dejarlo a la voluntad de los concejales, este tipo de medidas van en nuestro ADN y queremos que la ley obligue a marcharse, igual que deseamos que este tipo de medidas las firmen todos los partidos», aseguró ayer el integrante de la ejecutiva nacional de Ciudadanos y concejal en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner. Los concejales están investigados por blanqueo, aunque el juez investiga un posible delito electoral en la administradora provincial del PP en las elecciones de 2015, Montserrat Tello, y la ex secretaria popular Mar Carmen García Fuster.

Además, el partido naranja ha propuesto, y el PP aceptó ayer por la tarde, que el pacto contra la corrupción se extienda a comunidades autónomas y ayuntamientos, de forma que medidas como la separación inmediata de los cargos públicos imputados por corrupción pueden alcanzar a los concejales.

Con todo, el debate entre Ciudadanos y PP giró ayer en torno a los cargos imputados que deberían dejar su escaño, ya que Ciudadanos defiende que, por ejemplo, los casos de prevaricación no estarían incluidos. Y en esta cuestión, el debate tiene aristas que llegan a la Comunitat Valenciana ya que para Ciudadanos el diputado nacional del PP por Castelló, Óscar Clavell, no tendría que dimitir ya que su investigación es por prevaricación y no por corrupción. Ello aunque Clavell está ya procesado por malversación y fraude en su etapa de alcalde y la jueza de Nules apreció indicios de delito respecto al pago de 707.000 euros en facturas de la empresa de la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos cuando ejercía de alcalde en funciones.

Sobre la situación del exalcalde de la Vall se pronunció ayer el secretario del PP en la provincia de Castelló, Miguel Barrachina. Según recogió la agencia Efe, la situación de Clavell «nada tiene que ver con corrupción, sino por su labor de alcalde». El propio Clavell ya dijo en su momento que mantendría su cargo como diputado hasta que se ordene la apertura de juicio, posición que defienden tanto el presidente provincial del PP, Javier Moliner, como la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. Compromís como el PSPV exigieron ayer a Clavell que abandone su escaño.