Profesores, médicos, animadores juveniles, monitores escolares, entrenadores, conductores de autobús y hasta catequistas. Desde el pasado 1 de marzo todas las personas que trabajan o realizan labores de voluntariado en contacto con menores de edad deben acreditar ante la empresa que los contrate que «están limpios», es decir, que carecen de antecedentes penales por delitos sexuales, tal y como impone la Ley de Protección de la Infancia. La llegada del verano y los campamentos escolares junto a la cercanía del inicio del curso escolar ha hecho que estas solicitudes aumentaran de forma exponencial durante los últimos meses.
De hecho, durante cuatro meses (del 1 de marzo al 30 de junio), el Ministerio de Justicia ha expedido más de 65.000 certificados que acreditan la ausencia de condena por delitos de abuso, acoso, agresión, maltrato, exhibicionismo, corrupción de menores, prostitución o pornografía en la Comunitat Valenciana. La petición la puede hacer tanto el empleado como la empresa y admite peticiones colectivas (por ejemplo, un club deportivo que pide el certificado para todos sus entrenadores).
Ahora bien, fuentes del Ministerio de Justicia aseguraron ayer que es «imposible» conocer con exactitud el número de solicitudes realizadas desde la Comunitat Valenciana ya que el trámites se puede realizar por diferentes canales: de forma electrónica a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia; de forma presencial en los registros de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno o por correo postal. La posibilidad de conectarse a internet y realizar el trámite desde cualquier parte del mundo impide conocer con exactitud las peticiones de cada región. Sin embargo, sí se sabe que la Gerencia Territorial de Valencia„ubicada en la calle Hernán Cortés„ ha recibido 45.132 peticiones a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) y 20.663 de forma presencial.
El certificado en cuestión persigue incrementar el control de los delincuentes sexuales y prevenir su contacto con menores de manera que primen los derechos de éstos sobre cualquier otro. Las personas que cuentan con antecedentes penales por delitos sexuales figuran en un registro que cuenta, en la actualidad, con más de 40.000 personas de los que más de 5.053 residen en la Comunitat Valenciana.
En el registro figuran las personas con sentencia firme, tanto mayores como menores de edad. En la Comunitat Valenciana hay 4.689 adultos condenados y 364 menores. La información no es pública pero pueden acceder a ella los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal, la Policía Judicial y los propios interesados. Además de la identificación, las penas y las medidas de seguridad impuestas a estas personas, el registro en cuestión también incluye el perfil genético, es decir, el ADN, cuando la resolución judicial lo establece. Sin embargo, en el registro solo constan las personas con antecedentes vivos, es decir, aquellos que aún no han superado el plazo que establece la ley para que sean borrados del historial.
Por ejemplo, los menores hoy sentenciados dejarán de figurar en el fichero cuando cumplan 28 años. Eso sí, cuando el condenado sea un adulto y la víctima un menor de edad, su nombre y sus datos permanecerán en el registro durante los 30 años siguientes al día en el que cumpla su pena, siempre y cuando no haya vuelto a delinquir. Si el delincuente y su víctima son mayores de edad, el plazo dependerá de la sentencia.
