No habrá medidas extraordinarias para «salvar» la campaña de becas de la Generalitat 2015-2016 cuyo reparto ha quedado en suspenso por orden judicial. Fuentes de la Conselleria de Educación corroboraron ayer que siguen adelante por la vía judicial para defender las órdenes de becas promulgadas este año y que priorizan a los estudiantes de la pública dejando a un lado a los de pago y no habrá «componendas» como la prórroga de convocatorias anteriores para facilitar que, este año, todos cobraran a la espera de un fallo judicial.
El conseller del área, Vicent Marzà, ya lo anunció el viernes al conocerse el nuevo varapalo judicial contra la administración: iban a recurrir y la culpa de lo sucedido era, exclusivamente, de la Universidad Católica de Valencia, por pedir una paralización cautelar ahora aceptada. Fuentes de la administración anunciaron que el recurso llegará a la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia «antes del jueves» con el ánimo de «desbloquear esta situación.
Más de 2.500 becarios «colgados»
El recurso buscará que la sala se desdiga de sus autos de la semana pasada y levante la suspensión cautelar de las órdenes y resoluciones tanto de las becas de la Generalitat como de las de no abandono, en total 3.150.000 euros en ayudas paralizadas. Fuentes de Educación aportaron ayer cifras de cuántas personas podrían verse afectadas por estas medidas cautelares teniendo en cuenta las últimas cifras disponibles: las de los beneficiarios de las becas 2014-2015.
En aquel curso -todavía con ayudas abiertas a las universidades privadas- se beneficiaron de este tipo de becas 2.475 estudiantes de los 9.960 que las solicitaron. De ellos, solo un 6,1 % eran del ámbito privado: 151 estudiantes frente a los 2.324 de la pública con beca. De esos 151, la gran mayoría procedían de la Católica, 110. A estos habría que sumar el centenar de estudiantes que se esperaba becar con las ayudas de no abandono 2016-2017. En el curso pasado se repartieron entre 108 beneficiarios, según las mismas fuentes.
El TSJ rechazó, por otra parte, aplicar medidas cautelares en el caso de las nuevas becas-salario y las de excelencia pero aún debe pronunciarse sobre las ayudas para estudiantes Erasmus y sobre los 11,3 millones presupuestados en las becas complementarias a las del Ministerio de Educación que, en contra de lo informado el pasado sábado, sí han sido recurridas. Así, fuentes de la Universidad Católica aseguraron ayer que se habían recurrido las seis convocatorias de becas y en todas se habían pedido medidas cautelares. Sin embargo, a día de ayer, la Conselleria de Educación todavía no había sido notificada en este extremo pese a que los recursos, según la Católica, se presentaron en fechas similares. Estas últimas becas, pese a ser menos cuantiosas por persona, sí que llegan a un número mucho mayor de estudiantes ya que compensan la subida de tasas universitarias aplicada anualmente.
Sin ayudas antes de 2006
Una de las argumentaciones utilizadas ante el tribunal y repetida ayer ante los medios era la constatación de que los estudiantes de la privada solo venían recibiendo estas ayudas públicas «desde el curso 2006-2007 y no antes» y que, además, desde el estallido de la crisis las universidades públicas habían visto reducido su alumnado en un 11 % por el abandono de estudios por razones económicas mientras que «en las universidades privadas valencianas ha subido en un 4 % el número de alumnos que cursan estudios», añadieron.
Por otra parte, fuentes de la otra gran universidad privada de la Comunitat, la Universidad Cardenal Herrera-CEU, declinaron ayer hacer declaraciones al respecto de la nueva situación judicial. El CEU también recurrió las nuevas órdenes de becas.
