Financiación e investidura, investidura y financiación. Sobre esos temas se cruzaron ayer acusaciones los políticos en las Corts (que no así en Madrid) durante la convalidación del Decreto Ley 6/2016 por el que se aprueba un suplemento de crédito de 841 millones para pagar servicios públicos fundamentales, es decir, una ampliación de los presupuestos de 2016 para abonar facturas pendientes de ejercicios anteriores, «sobre todo de la etapa del PP», resaltaron fuentes de la conselleria de Hacienda. Estos millones saldrán del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un «rescate» del gobierno central a la Comunitat Valenciana que costará 2.652 millones hasta 2026.
La convalidación del decreto salió adelante con los votos a favor de los partidos del Botànic y las abstenciones del PP y Ciudadanos. Pero el calor con que se llevó adelante el debate demostró que el verano ha servido para cargar las pilas a más de uno, como recordó el propio presidente de las Corts Enric Morera. «Habéis vuelto con ganas», bromeó. Así, Vicent Soler, conseller de Hacienda, aprovechó para recriminar a Isabel Bonig el ofrecimiento que ésta hizo el pasado lunes: abstenciones de los diputados valencianos en el Congreso a cambio de negociar una reforma de la financiación.
«Cambio de cromos»
«El PP ha tenido durante años mayoría suficiente para cambiar el modelo y no lo ha hecho. Y ahora lo que pretende es mercadear con el derecho de los valencianos a tener una financiación justa ofreciendo una cambio de cromos para perpetuarse en el poder. Se trata de algo inadmisible e impresentable», criticó Soler.
En la misma línea se mostró José Muñoz, portavoz adjunto del PSPV. «Aunque tengamos que recurrir al FLA porque no tenemos otra salida, no vamos a permitir que sea el mecanismo y chantaje que utilicen los populares para que hagamos a Rajoy presidente», señaló ayer. La portavoz de Compromís Mireia Mollà calificó el ofrecimiento de «burla».
El portavoz socialista añadió además que entre 2012 y 2016 se han pagado ya 1.250 millones en concepto de intereses. A esos habrá que sumarles 1.396 millones hasta 2026, lo que deja una cifra de 2.652. Ese es el precio «por recibir lo que debería ser nuestro. Encima tenemos que pagar intereses por él. Más perverso, imposible», lamentó ayer Soler.
Ante las distintas alusiones, Bonig recordó que el actual modelo fue aprobado en 2009 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. «Si quieren acabar con la infrafinanciación pacten y negocien», apeló la presidenta del PPCV a los socialistas. «No quieren porque si pactan, si se cambia el modelo de financiación se verán sus miserias y se verá que no saben gobernar ni gestionar. Sus vergüenzas quedarían al aire», aseveró Bonig.
