02 de septiembre de 2016
02.09.2016

El juez desimputa a una extrabajadora de Imelsa y mantiene la acusación a otros seis

La pieza separada que investiga los contratos «zombis» y los finiquitos desorbitados se queda con 20 investigados

09.09.2016 | 16:25

El juez del «Caso Taula» que investiga en una pieza separada las contrataciones irregulares y los finiquitos desorbitados en la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local SA) ha decidido desimputar a la extrabajadora Adriana Hernández Massotti, al acreditar que realmente trabajaba para la empresa pública dependiente de la Diputación de Valenciana, según un auto al que ha tenido acceso Levante-EMV. Hernández Massotti, defendida por el letrado David González Wonham y que llegó a ser directora del formación de Imelsa justificó ante el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que realizó su trabajo para la empresa pública y que, incluso, llegó a demandar a Imelsa ante la Inspección de Trabajo cuando la dejaron sin funciones aunque le mantuvieron el sueldo. Hernández Massotti también ocupó el puesto número 22 en la última candidatura electoral del PP al Ayuntamiento de Valencia. El juez valora para sobreseer la causa respecto a la trabajadora la «inexistencia de indicios racionales de haber perpetrado la simulación lucrativa de actividad laboral». Otros seis trabajadores y exempleados también recurrieron su imputación, pero el magistrado ha decidido mantener la condición de «investigados», pero algunos con matices.

Finiquito desorbitado
El caso más llamativo es el del sindicalista y exalcalde de Llutxent, Honori Estornell, a quien se le imputaba haber cobrado un finiquito desorbitado tras ser despedido en 2007. El juez considera que Estornell cobró 108.000 euros aunque sólo le deberían haber correspondido 95.000 euros (inicialmente se hablaba de una cantidad menor, 72.251 euros). E incluso admite que los argumentos de su defensa «se sostienen con corrección y fundamento» e, incluso, «ponen en evidencia la debilidad justificativa de los indicios que pudieran incrimar» a Honori Estornell. Pero decide mantenerlo imputado porque «la instrucción debe apurar las fuentes de información y prueba y evitarse decisiones del cierre del proceso mientras haya comprobaciones que efectuar». Unas comprobaciones que, en el caso de Honori Estornell y su hijo, también imputado, están pendientes de «la declaración que pueda llevar a cabo el investigado Marcos Benavent», el auto proclamado «yonki del dinero» y exgerente de Imelsa, también imputado en esta pieza.

En similares términos se refiere el magistrado a Rubén Estornell, de quien asegura que «puede descartarse indiciariamente, con rotundidad, la existencia de una relación laboral inexistente y simulada como modalidad de malversación de caudales públicos». E incluso añade que es «meramente conjetural, y carente de respaldo relevante, su intervención como inductor de otras contrataciones inexistentes». Aunque también decide mantenerlo como investigado a la espera de lo que declare Benavent.

Otros dos extrabajadores de Imelsa investigados, Óscar Pavón (empleado de Engloba) y José Estarlcih (testaferro de Benavent) también habían alegado para su exculpación que no eran funcionarios públicos por lo que no podían haber malversado. Pero el juez rechaza sus peticiones y cree que aunque no fueran funcionarios pueden «responder penalmente a título de inducción o cooperación necesaria». Por último, también seguirán investigados Raúl Mateo Ángel Balufo (exalcalde de Cofrentes) y Ángel Ramón Sanchis Rosa. En total son 20 los imputados en esta pieza que incluyen a Alfonso Rus y su jefe de gabinete, Emilio Llopis, entre otros.

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