03 de septiembre de 2016
03.09.2016

"Soy menor y quiero que me hagan las pruebas"

Un incremento de solicitudes de inmigrantes del CIE para determinar su edad clínica colapsa los juzgados de menores - La Fiscalía detecta cómo una ONG insta a personas «sin papeles» a que pidan ser examinados para paralizar su expulsión

03.09.2016 | 01:43
"Soy menor y quiero que me hagan las pruebas"

En el último mes y medio la Fiscalía de Menores de Valencia ha detectado un incremento desorbitado de solicitudes de pruebas para determinar la edad clínica de inmigrantes recién llegados al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital del Túria, procedentes de Almería, Murcia y Alicante, que aseguran ser menores. En más de un 90 por ciento de los casos, después de la realización de los tres exámenes pertinentes de muñeca, mandíbula y clavícula, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia han corroborado que se trata de personas de edad adulta, algunos de ellos de edades superiores a los 30 años.

De hecho, de las 159 pruebas tramitadas por la Fiscalía de Menores en lo que llevamos de año para determinar la edad ósea, dentro del llamado protocolo de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), cerca de un centenar se han llevado a cabo en estos dos últimos meses, siendo especialmente significativo este incremento a finales de julio y principios de agosto.

Esta oleada de solicitudes sin fundamento alguno en la mayoría de casos, como se ha demostrado posteriormente, y en el que únicamente se pretende paralizar o cuanto menos retrasar la expulsión del país de estas personas, ha provocado un colapso en los juzgados de menores valencianos, según aseguran las fuentes consultadas por este periódico, llegando a tener hasta doce traslados diarios al Hospital La Fe de Valencia, donde se realizan los exámenes médicos para determinar la edad ósea. Al coste de las citadas pruebas, que ronda unos 180 euros entre radiografías y personal sanitario, hay que sumar el despliegue de recursos tanto de la administración de Justicia como de la policía mientras dura el proceso hasta que se establece que dicho ciudadano indocumentado es mayor de 18 años.

«Soy menor y quiero que me hagan las pruebas». Esta es la frase, escrita a mano, que se repite en una tras otra de las solicitudes que llegan desde el CIE de Valencia de personas con auto de expulsión del país por situación irregular. Las fuentes consultadas critican que se traslade a estas personas desde el lugar en el que son detenidos al entrar al país, principalmente la zona de Almería, al centro valenciano de extranjeros sin fijar previamente si son menores o no.

Posible fraude
Asimismo, la Fiscalía de Menores detectó hace unas semanas que voluntarios de una ONG instaban a los inmigrantes que llegaban al Centro de Internamiento de Extranjeros a que dijeran que eran menores para ser sometidos a dichas pruebas con el único objetivo de paralizar su expulsión. Este grave hecho hizo que se abrieran diligencias preprocesales ante un posible fraude. No obstante, las fuentes consultadas por este periódico aseguran que tras interrogar a varios testigos el problema ya ha sido solucionado. Otras fuentes apuntan que esta oleada de solicitudes se ha paralizado en buena parte debido a la plaga de chinches que ha obligado a fumigar las instalaciones del CIE y que ha frenado el envío de extranjeros del resto de comunidades.

Según ha podido saber Levante-EMV, varios supuestos menores llegaron a confesar durante los reconocimientos que eran adultos y que habían mentido porque un voluntario de la ONG les había dicho que era la única forma de evitar que los expulsaran del país. Otros era evidente antes incluso de la realización de las citadas pruebas que se trataba de personas adultas ya que presentaban rasgos físicos como barba, canas o calvicie impropios de un menor de edad, según apuntaron fuentes conocedoras de los hechos. Pese a ello, a estas personas también se les realizó las radiologías para descartar que eran menores.

Una vez establecido que es una persona adulta se da traslado del informe a la Brigada de Extranjería y Fronteras para proceder con su expulsión del país, por lo que esta solución temporal al drama de la inmigración ilegal, sólo servía para retrasar la agonía después de ser sometidos a radiaciones innecesarias. El consejo de declararse «menor» era en realidad pan para hoy y hambre para mañana.

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