04 de septiembre de 2016
04.09.2016

Becas: del derecho a la equidad

04.09.2016 | 01:11
Becas: del derecho a la equidad

El Estado es quien tiene la competencia respecto a las ayudas y becas al estudio. El RD 293/2016 de 15 de julio establece, como cada año, los umbrales de renta y las cuantías de las becas y ayudas para el curso 2016/2017; así, el Estado tiene el deber de garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a la educación, cumpliendo con la obligación constitucional.

Sin embargo, España es uno de los países europeos que menos gasto público dedica a las becas y ayudas al estudio universitario. Según informe de la CRUE (http:// www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Monograf%C3%ADas/Monografia_Web_Comparacion.pdf), España sólo destina un 0,11% de su PIB a ayudas al estudio y becas cuando la media de la OCDE es del 0,31%. A todo ello hay que añadir la importante subida de tasas que se produjo en el curso 2011-2012. Respecto a la convocatoria estatal hace falta aumentar las cuantías, ampliar la cobertura y ofrecer más modalidades de becas que atiendan las necesidades reales de los y las estudiantes. La ayuda para el pago matrícula se hace insuficiente para sufragar los gastos que acarrea estudiar en la universidad, máxime si no se reside en una ciudad universitaria. Es preciso seguir reivindicando mayor dotación del programa de becas.

Por ello, dado que las becas del ministerio nos parecen insuficientes, desde la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, convocamos un programa de ayudas con el fin de que nadie deje de estudiar por motivos económicos. Algunas CC AA ofrecen ayudas para estudios universitarios. Unas completan la beca del ministerio, otras no; sólo dos, Castilla y León y Navarra, la completan a universidades públicas y privadas. El resto de CC AA sólo la completa a las universidades públicas. Murcia, Andalucía, Aragón o Cantabria no tienen, según datos SIIU, ayudas propias. La CV incluyó a partir del curso 2006/2007 en su convocatoria de ayudas a las universidades privadas; eran momentos de excesos económicos y la decisión estaba fundamentada en razones ideológicas. En la actualidad, motivados por una infrafinanciación autonómica, un éxodo de estudiantes de las universidades públicas superior a la media estatal y una situación de mayor desigualdad social que hace peligrar la igualdad de oportunidades, se ha optado por concentrar las ayudas en los estudiantes de las universidades públicas.

Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a fecha de 1 de septiembre de 2016, las universidades públicas valencianas perdieron un 1,9% de estudiantes frente al 0,6% de la media nacional; en cambio, las universidades privadas valencianas aumentaron un 4,3% frente al 2,2% de la media nacional (http:// www.mecd.gob.es/ educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-infor mes/estadisticas/alumnado/Series.html).

No se trata de discriminación sino de prioridad; no se trata de exclusión sino de concentrar los escasos recursos en quienes más lo necesitan. No se trata de limitar la libertad de elegir centro, nadie limita el derecho de los estudiantes a elegir entre universidades públicas y privadas. En las primeras se han de cumplir dos requisitos: obtener una nota (en caso de exigencia de nota de corte) y una tasa de 1300?, precio medio de una matrícula de grado. En las segundas, el sistema no requiere nota y sólo exige el pago de una matrícula que puede llegar a quintuplicar el precio de las públicas. Es cierto que no siempre se puede estudiar la carrera elegida; este curso, un 40 % de los estudiantes de la CV que han hecho la preinscripción en una universidad pública no podrá estudiar la titulación solicitada en primera opción. Se requiere una nota en función de la oferta de plazas. Además, en muchos casos, se necesitan recursos económicos para desplazarse a otra ciudad distinta de la del lugar de residencia. La responsabilidad de la Generalitat es ayudar a paliar las desigualdades estructurales que afectan más en esta Comunidad que en otra; es ayudar a que las personas más vulnerables económicamente y que no pueden acceder a un préstamo para estudiar –para lo que hace falta una nómina o patrimonio- tengan las mismas oportunidades de acceder a unos estudios universitarios para quienes las ayudas estatales son insuficientes.

Dos informes de mayo de 2016, revelan que la CV es una de las comunidades que sufre mayores desigualdades estructurales y donde han aumentado las dificultades económicas de los hogares respecto del año anterior. Uno es la Encuesta de Vida (ECV 2015) del INE, que señala que el 19% de los hogares de la CV tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes frente al 13% de la media estatal. Asimismo, la CV está entre las peores situadas en términos de dificultades económicas de los hogares ya que los datos muestran, en todos los apartados de la encuesta de condiciones de vida, porcentajes peores a la media nacional. También el estudio realizado por la Fundación Bofill y la Xarxa Vives d'Universitats, indica que las desigualdades sociales todavía marcan el acceso a la universidad. El estudio señala que la mayor parte del gasto de un/a universitaria lo sufragan las familias y que la interrupción de los estudios está relacionada con el origen social por motivos económicos.

La crisis económica, el precio de las tasas y un sistema de becas insuficiente han lastrado la equidad del sistema. La igualdad de oportunidades es fundamental en unos momentos de brecha social. Sin un programa amplio de becas no puede haber igualdad de oportunidades y sin una combinación de exigencia académica y recursos económicos tampoco la hay. Conceder becas a personas a las que el sistema universitario les permite, con recursos, acceder a los estudios deseados, es maquillar la realidad y distribuir los recursos públicos de manera falsamente equitativa.

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