«Menos alumnos por aula y más docentes, esta es una buena definición de calidad educativa». Con estas palabras presentó ayer el conseller de Educación, Vicent Marzà, el nuevo curso que empieza pasado mañana jueves para 782.356 niños y adolescentes de la Comunitat Valenciana que estudian en centros públicos y concertados.
El curso en segundo ciclo de Infantil (3-5 años), Primaria, Educación Especial, ESO, FP Básica, Bachillerato y Formación Profesional arranca con una previsión de 7.463 alumnos más que el pasado ejercicio 2015-16, lo que supone un aumento del 1 %. A esta cifra habría que añadir los 612 niños de Infantil 2 años que se incorporan a las 34 nuevas aulas del plan piloto para el adelanto de la escolarización en colegios públicos.
Pese a que hay más alumnos, el número medio de estudiantes por aula baja a 22,7 por clase, 2,5 menos que hace dos cursos. Esta reducción responde al impacto del decreto de reducción progresiva de la ratio aprobado en mayo por la Generalitat. «La educación es el motor de la igualdad de oportunidades, y por ello es un eje transversal del Consell del Botànic», explicó Marzà. «Todos los docentes saben que cuántos menos niños por aula, mejor», remató.
Reversión de los recortes
La disminución del número máximo de alumnos por aula, inflado un 20 % en 2012 por el PP para ahorrar en la contratación de maestros, fue la punta de lanza de las protestas contra los recortes.
La Generalitat presidida por Alberto Fabra aplicó a rajatabla el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y en el curso 2012-13 incrementó de golpe la ratio en todas las Enseñanzas de Régimen General. Así, se pasó de un máximo de 25 a 30 niños en Infantil y Primaria, de 30 a 36 en ESO y FP, y de 35 a 42 en Bachillerato.
El consiguiente cierre de aulas en la pública se tradujo en una pérdida de unos 5.000 docentes en cuatro años, que se plasmó en la reducción del número de interinos y en la amortización de plazas por jubilación, que el Gobierno central impidió también renovar más de un 10 % de dichas bajas.
Tanto el PSPV como Compromís, entonces en la oposición, así como las Ampa y los sindicatos vincularon el aumento de la ratio con el fracaso escolar y el cierre de aulas en la pública por el trasvase de alumnado a la concertada.
No fue hasta finales de agosto de 2015 cuando el Gobierno permitió volver a las ratios anteriores a 2012, algo imposible de ejecutar para el curso 2015-16 a pocos días de empezar las clases. El decreto de mayo, que ya se aplicó en el proceso de admisión de alumnado para este curso, devolvió la ratio máxima a los niveles previos a los recortes en los primeros cursos de cada etapa „25 en Infantil 3 años, 30 en primero de ESO y de los ciclos de FP, y 35 en 1º de Bachillerato„ salvo en Primaria, que se considera una continuación de Infantil.
Inversión de 12 millones
Esta reducción de la ratio en los niveles iniciales tiene varias consecuencias. Una primera económica, pues ha supuesto una inversión de 12 millones de euros „prevista en los presupuestos de 2016„ para contratar a mil docentes.
El segundo impacto es que la enseñanza pública gana este curso 8.153 alumnos, un 1,5 % más con respecto al año pasado, debido a la reapertura de 404 aulas cerradas durante los recortes. Solo en el curso 2012-13 se suprimieron 612 unidades en las escuelas públicas.
Por contra, la enseñanza concertada pierde 690 alumnos, lo que supone una leve caída del 0,3 %. No obstante, esta cifra puede paliarse porque Educación no ha resuelto aún la renovación de los Programas de Formación de Cualificación Básica (PFCB) por el que entidades privadas atendieron el curso pasado a 114 jóvenes que tras fracasar en la ESO buscaban una titulación mínima para poder trabajar.
La pérdida de alumnado de la concertada se debe, en parte, a la bajada de la ratio. No hay que olvidar que las aulas de los colegios privados sostenidos con fondos públicos se llenaron con la ampliación de las ratios. El curso pasado la ratio media era de 27,3 alumnos por aula en los concertados, 4,4 más que en la pública. Este año, al verse obligados a ofertar menos plazas en los cursos iniciales, han visto caer su ratio media a los 25,91 estudiantes por clase. Aún así, sigue siendo sensiblemente superior a la de la escuela pública, que es de 21,7 niños.
En ESO y Formación profesional
Gran parte de la pérdida de alumnado de la enseñanza privada sostenida con fondos públicos se concentra en ESO (-230) y en FP (-290). En ambos caso es donde más alumnado gana la enseñanza pública, 3.719 más en ESO y 2.041 en FP. En esta última etapa, la conselleria ha aumentado en 3.000 nuevas plazas (136 unidades) la oferta en la enseñanza pública, mientras que en la concertada no ha variado el número de unidades.
En cuanto al aumento del profesorado, la enseñanza pública contará este curso con 52.435 docentes. La plantilla, entre funcionarios e interinos, ascendía este agosto a 51.482 profesores, 1.815 más que un año antes (+3,7 %). A esta cifra hay que añadir las 953 adjudicaciones de plazas de interinos de inicio de curso. En total 2.768 profesores más, lo que según Marzà «supone recuperar en un curso más de 57 % del profesorado suprimido por los recortes del PP». «Todo esto „insiste el conseller„ a pesar de que el Gobierno de Madrid nos hace chantaje todos los días con la infrafinanciación».
En la enseñanza concertada también crece la plantilla docente en 103 profesores, situándose en 14.449 trabajadores, un 0,7 % más, especialmente de especialistas de refuerzo para escolares con necesidades de apoyo (Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica...). «Con esta cifra queda claro que no es verdad lo que decían algunos, de que íbamos a terminar con todo», señaló en relación a quienes le acusan de acosar a la concertada.
Dominio de las lenguas oficiales
Aunque Marzà no ofreció cifras de alumnado escolarizado en lengua propia este próximo curso, si que subrayó que «la oferta de enseñanza en valenciano no responde a la demanda». Por ello, añadió, «vamos a hacer un nuevo decreto de plurilingüismo que garantice el conocimiento de las dos lenguas del territorio y ayude a aprender otros idiomas», en referencia al inglés.
Sobre el nuevo modelo, que comenzará a aplicarse progresivamente el curso siguiente al que ahora arranca, el conseller no concretó si se mantendrán las dos líneas en valenciano y en castellano como hasta ahora o se pasará a una única de inmersión en la lengua propia. Se limitó a asegurar que «para lograr el dominio efectivo de las dos lenguas del territorio deben cambiarse los programas actuales».
Además, el próximo 15 de septiembre unas 215.600 familias, el 84 % de ellas de Alicante, están llamadas a votar la implantación de la jornada escolar intensiva (de 9 a 14 horas) en 307 colegios. El cambio no se hará si no lo aprueba el 55 % de los padres censados.
Podemos pide en las Corts la retirada de las reválidas de ESO y Bachillerato
Podemos presentó ayer las Corts una proposición no de ley en la que reclama que el Consell inste al Gobierno a solicitar la derogación y retirada del Real Decreto aprobado el 29 de julio por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato que introduce este curso la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
La portavoz de Educación de Podemos, Sandra Mínguez, sostiene que dichas evaluaciones externas son «una falta de consideración y confianza en el profesorado». Critica que tanto los docentes como el alumnado se enfrentarán a finales de este curso a unas pruebas de las que «nada saben, sin que hayan tenido posibilidad de introducir en su programación los elementos que pudieran facilitar a los estudiantes la superación de estas reválidas».
