06 de septiembre de 2016
06.09.2016

Las pruebas de acceso de abogados y procuradores serán en valenciano

La consellera de Justicia lamenta que el Gobierno no destine más recursos para la modernización de la Comunitat

06.09.2016 | 04:15

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, firmó ayer un convenio con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, mediante el cual se promoverá que las pruebas de acceso al ejercicio de las profesiones de abogado y procurador también puedan hacerse en valenciano. Asimismo lamentó que el Gobierno central no destine más recursos para la modernización de la Justicia en la Comunitat Valenciana.

La Generalitat asumirá el coste del desplazamiento a Madrid del personal necesario para que los exámenes (cuya confección es responsabilidad del Ministerio) sean traducidos.

Así se expresó la consellera tras la firma de un segundo convenio con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, mediante el cual este departamento del Gobierno central se compromete a transferir 779.000 euros a la Generalitat que tendrán que ser usados para mejorar la administración de Justicia en las tres provincias. Bravo agradeció la dotación, pero a su vez, mostró ante los responsables ministeriales que estos fondos «son claramente insuficientes» para las necesidades de la Comunitat Valenciana.

El convenio firmado en Madrid establece que el Ministerio de Justicia ordenará la transferencia de la cantidad mencionada, que la Generalitat destinará, entre otros fines, a la instalación de sistemas de gestión procesal compatibles entre sí que permitan la plena interoperabilidad; a la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y a avanzar en el impulso y modernización de la Oficina Fiscal y Judicial.

Infrafinanciación

La consellera Bravo explicó que «sabe perfectamente el ministro las necesidades de la Justicia en España y las grandes dificultades de las comunidades autónomas, especialmente la valenciana, con el problema de infrafinanciación».

Para la consellera, «el Gobierno central no sólo tiene pendiente corregir, de una vez por todas, el injusto modelo de financiación autonómica que nos discrimina de manera intolerable, sino que, además, debe ser más diligente a la hora de destinar más y mejores recursos para la modernización de un servicio básico para cualquier democracia avanzada como es la administración de Justicia».

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