La Conselleria de Educación ha detectado un «sobrecoste anual de cuatro millones» debido a la «duplicidad innecesaria de más de 2.000 de horas de clase de Religión» en los colegios públicos de Infantil y Primaria, según explica el departamento del conseller Vicent Marzà en un comunicado.
Educación atribuye dicho sobrecoste al anterior Consell del PP. «La antigua Administración educativa había creado un sistema para duplicar innecesariamente las horas que se impartían del área de religión a los centros educativos públicos», subraya en la nota.
Desde conselleria explican que «había más de 2.000 horas duplicadas que resultaban innecesarias por el hecho que los alumnos de un mismo nivel pueden concentrar la clase de Religión de forma conjunta como se hace en otras optativas».
En este sentido, detallan que «hasta ahora había una aula de segundo de Primaria en la que 5 alumnos estudiaban Religión y otra del mismo nivel donde 10 alumnos optaban también para estudiar dicha asignatura, las dos clases se impartían por separado en el mismo centro». En este curso 2016-17, añaden, los citados «15 alumnos del caso que se indica recibirán la misma clase de Religión juntos».
Desde la Conselleria de Educación se asegura que «todos los alumnos que lo desean tendrán la asignatura de Religión y se dispondrá del profesorado necesario para impartirla». Al mismo tiempo, añaden, «cuando la carga horaria del profesorado de religión sea inferior a la media jornada se procurará completar en otros centros su docencia para llegar a una media jornada o superior». La jornada de un docente de Infantil y Primaria es de 25 horas semanales más 5 de actividades complementarias.
La Unión Sindical Obrera (USO), sindicato mayoritario en el comité de empresa del Profesorado de Religión, denuncia que el departamento de Marzà «de forma unilateral pretende imponer una relación de puestos de trabajo que supone un tremendo recorte laboral, sin negociación previa, contraviniendo el vigente convenio laboral y el acuerdo de plantillas».
USO recurrirá a la vía judicial
Mariví Iribarren, portavoz de USO y presidenta de dicho comité, explica que «el acuerdo de plantillas en vigor y el convenio colectivo» que firmaron los trabajadores con el anterior Consell del PP «asigna las horas del profesorado de Religión en virtud de las unidades de cada colegio público, a razón de una hora la semana por cada clase de Primaria y una hora y media por cada grupo de Infantil».
Educación ha emitido una instrucción en la que modifica la adjudicación de horas lectivas en lugar de por unidades, por número de alumnos que solicitan Religión y por niveles. Es decir, que en los colegios de dos líneas o más habrá por cada nivel o curso una única clase de Religión siempre que haya menos de 25 alumnos que pidan dicha optativa, y no una clase por línea y nivel como hasta ahora independientemente del número de alumnos.
Según Iribarren la instrucción de la conselleria vulnera el convenio en vigor, por lo que anuncia que recurrirán ante los tribunales el reajuste de la plantilla docente.
En la provincia de Valencia, los colegios públicos cuentan con 444 maestros de Religión. Se trata de personal laboral indefinido e interinos sustitutos contratados por la conselleria a propuesta del arzobispado, pues al ser una asignatura confesional es la diócesis la que dictamina la idoneidad de dicho docente. La Religión, en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado es una materia optativa para las familias pero de oferta obligada, por lo que aunque sólo haya un único alumno que la pida la conselleria debe adjudicar un docente al centro.
Iribarren revela que el ajuste que ha introducido la conselleria supone «la amortización de 5 puestos, dejar suprimidos sin destino a 13 profesores, y además una reducción de hasta siete horas de la jornada a la mitad de 75 docentes, así como dejar con muy pocas horas de clase a otros 50».
Conselleria niega los despidos
Fuentes de Educación niegan que vaya a haber despidos: «las cinco amortizaciones son por jubilación o de docentes que han aprobado las oposiciones». Sobre las 13 supresiones sin destino, explican que «son provisionales, hasta que el arzobispado aporte la documentación de que tienen la titulación docente necesaria para dar clase que se exige en el Real Decreto del ministerio para los contratados después de 2006».
La conselleria insiste en que la instrucción «se ajusta a la legalidad y que todo el alumnado que lo pida va a tener clases de Religión».
