07 de septiembre de 2016
07.09.2016
Caso Gürtel

Anticorrupción, Generalitat y recusan a dos de los magistrados que juzgarán la visita del Papa

Rechazan a Enrique López y Concepción Espejel por su "estrecha relación" con el PP y su posible "imparcialidad"

07.09.2016 | 12:23
Juan Cotino.

El PSPV-PSOE, que ejerce la acusación popular en el caso Gürtel, ha presentado ante la Audiencia Nacional un incidente de recusación en el que pide que se aparte a dos de los magistrados que juzgarán la pieza de este caso sobre la visita del Papa a Valencia, por sus "estrechas relaciones" con el PP.

La Abogacía de la Generalitat también ha pedido la recusación de dos de los magistrados al considerar que carecen de "imparcialidad para analizar el comportamiento del Partido Popular". Posteriormente, Anticorrupción también ha presentado un incidente de recusación sobre estos dos magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar la causa.

Según el escrito presentado ayer, el PSPV-PSOE pide la sustitución de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, y el nombramiento de nuevos jueces que, por turno de reparto, correspondan para el enjuiciamiento de esta causa.

Los socialistas consideran que ni López ni Espejel pueden formar parte de la Sala que juzgue este pieza, dada la "pérdida de apariencia de imparcialidad apreciada" para conocer causas en las que el PP "tiene intereses", pues en esta pieza están "claramente involucrados cargos e intereses del propio Partido Popular".

El PSPV-PSOE asegura que la petición de recusación no se apoya "en ningún caso" en motivos ideológicos, "pues cada cual es perfectamente libre de tener la ideología que considere más oportuna" y la libertad ideológica está protegida por la Constitución, sino en una serie de hechos que "destruyen la apariencia de imparcialidad".

Así, el escrito señala que la "pérdida de apariencia de imparcialidad" de ambos magistrados por sus relaciones con el PP ha quedado acreditada en autos anteriores en los que ya fueron recusados de otras causas, como en la los "papeles de Bárcenas".

El PSPV-PSOE expone además que la trama Gürtel es protagonista en esta pieza separada, y sus vinculaciones con el Partido Popular y sus altos cargos "ha quedado acreditada a lo largo de la extensa instrucción y es un hecho notorio".

También indica que la Fundación V Encuentro Mundial de la Familias, creada para la organización de la visita del papa, estaba dirigida por tres altos cargos del PP y que Radiotelevisión Valenciana "estaba controlada por el PP quien ostentaba mayoría absoluta en su Consejo de Administración", y la carrera del exdirector de RTVV Pedro García está "íntimamente ligada al PP".

Otro argumento del PSPV-PSOE es la vinculación con el PP del exconseller Juan Cotino, considerado por el juez instructor "actor fundamental" en el contrato objeto de esta pieza, que ha quedado "ampliamente acreditada" y quien además participó junto a López "en uno de los muchos cursos de la FAES a los que asistía este magistrado".

El escrito recuerda que el PP ha sido "determinante" en el nombramiento para distintos puestos de ambos magistrados, lo que es ya "suficiente para destruir la apariencia de imparcialidad", y además esta pieza incrimina a varias personas que han tenido responsabilidades orgánicas en el PP, partido con el que los magistrados tienen "estrechas relaciones".


La postura de la abogacía de la Generalitat
Por su parte, la Abogacía General de la Generalitat también pide la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López, de los que recuerda que ya han sido apartados en dos piezas de este procedimiento.

Para el Gobierno valenciano, del que forma parte el PSPV-PSOE, en este caso concurren circunstancias para "temer una ausencia de imparcialidad" por parte de ambos magistrados para analizar el comportamiento del Partido Popular, dadas sus relaciones con este partido, debido a "circunstancias y razonamientos" que vinculan a ambos con el PP.

"Ese conjunto de relaciones, circunstancias y nombramientos que vinculan a los magistrados con el Partido Popular, si bien no pueden acreditar que ninguno de los dos albergue prejuicios, sí que implica una sombra de duda no sólo en los justiciables, sino en la opinión pública que justifica su recusación", argumenta el Consell.

Para el Ejecutivo valenciano, desde un punto de vista objetivo sería "totalmente incomprensible" que un magistrado recusado para juzgar a un partido no lo esté para juzgar "a sus más altos representantes", ya que existe "una unidad de acción y voluntad en los actos imputados al partido y a sus responsables", como al exconseller Juan Cotino.

La Generalitat defiende que la apariencia de parcialidad para apreciar "con neutralidad y objetividad" los hechos por los que se enjuicia a un partido es la misma que objetivamente existe para examinar los actos ejecutados por quienes representan al partido en la vida pública.

Por ello, insiste en que "no puede separase, a ojos de un observador externo, entre el partido y quienes hablan por él, de forma que exista parcialidad objetiva para enjuiciar al partido e imparcialidad para enjuiciar a sus representantes".

Finalmente, recuerda que el "elemento clave" en torno al cual giran todas las piezas es la relación entre el Partido Popular y sus cargos con las empresas vinculadas o relacionadas con Francisco Correa y Álvaro Pérez, y este elemento unificador ya motivó que el Partido Popular fuera expulsado del proceso como acusación.

"La falta de imparcialidad para analizar el comportamiento del Partido Popular ya manifestada en otras piezas del proceso contamina igualmente la presente pieza en la que se analiza las relaciones que altos cargos del Partido Popular mantenían con el "Grupo Correa", destaca la Generalitat.

Según la Abogacía de la Generalitat, la no apreciación de esta circunstancia "conlleva el riesgo de decisiones y criterios dispares" si esa relación es analizada en unos casos por magistrados "aparentemente contaminados y en otros casos por magistrados objetivamente imparciales".

La Generalitat defiende que la congruencia en el análisis de las distintas piezas de la causa debe de trasladarse al ámbito de la idoneidad de los juzgadores, de forma que no exista "sombra de duda sobre la parcialidad en ninguna de las piezas del procedimiento" y que la causa "aparezca juzgada bajo un examen neutral".

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