La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, admitió ayer la intención del Ejecutivo de Ximo Puig de poner en marcha un proceso extraordinario que permita regularizar la situación de los más de 5.000 interinos que trabajan en la Administración. El objetivo es reducir la precariedad de la plantilla donde uno de cada tres empleados son interinos o temporales. La vía de un proceso diferenciado que facilite la consolidación del empleo a este colectivo, es decir, que los convierta en funcionarios fijos, forma parte de las más de un centenar de propuestas de los expertos a los que la conselleria encargó un informe sobre la situación de la Función Pública valenciana. El documento, que servirá de base para la reforma de la ley de la función pública, fue presentado ayer en un acto en el Palau presidido por Ximo Puig.

Se trata, tal como adelantó en exclusiva Levante-EMV el pasado mes de julio, de un extenso documento en el que se desgranan los grandes males de una administración con elevado nivel de temporalidad tras años de congelación de las ofertas de empleo. Los ´sabios´ hacen un radiografía demoledora y hablan de una función pública «improvisada» donde la promoción de sus empleados ha estado más ligada a «relaciones personales que a criterios objetivos».

Tal como en su día informó este diario, los especialistas creen pertinente que la nueva ley incluya una disposición transitoria que permita dar salida a estos interinos que, en muchos casos, entraron sin proceso selectivo. El documento habla de 4.512 empleados por el procedimiento de urgencia (sin estar en bolsa) y 800 con un contrato laboral. Fuentes sindicales precisan que no todos entraron «a dedo».

Bravo hizo ayer suya la sugerencia de los sabios y manifestó que se estudiará con los sindicatos. Eso sí, fue cauta al reconocer los problemas jurídicos de estos procesos, que han sido declarados nulos en otras comunidades. «Tenemos que hacerlo bien para evitar que los tribunales se lo carguen», indicó. Hace más de una década el Consell ejecutó una medida similar al sacar adelante unas oposiciones en las que haber trabajado para la Generalitat llegó a puntuar hasta un 40 % en la fase de concurso. Muchos interinos consolidaron una plaza, aunque al cabo de diez años el porcentaje de interinidad sigue superando el 30 %.

La otra cara de la moneda de esta Generalitat repleta de interinos es el bloqueo durante años de las oposiciones libres, un bloqueo que tiene consecuencias: la plantilla está tan envejecida que, tal como subrayó ayer Bravo, en diez años se jubilará la mitad. Sólo 67 personas tienen entre 18 y 29 años.

El presidente de la comisión, el catedrático Miguel Sánchez Morón, abogó durante la presentación por unas oposiciones públicas abiertas, es decir, pensadas para que personas de la calle puedan aspirar a un puesto. Y tal como también contó este diario, lanzó una propuesta novedosa: un plan de becas para apoyar a quienes deciden dedicar uno o dos años de su vida a sacarse una oposición.

El informe de los ´sabios´ supone un revés a la gestión de personal de la etapa popular, pero también es un toque de atención para los actuales gestores que tienen en sus manos enmendar males del pasado, como es el abuso de la libre designación para promocionar empleados. Sánchez Morón dejó claro delante del presidente que hay que reducir el personal de confianza. Los ´sabios´ creen que el dedazo debe acabar en el caso de los jefes de servicio y apuestan por desarrollar la figura del directivo público con el fin de profesionalizar la gestión. Estos directivos (que ocuparían puestos de subdirección general y directores generales) deben reservarse a funcionarios del grupo A y exigirles cumplir objetivos.

Nuevas sanciones por las trampas en permisos y licencias

Los expertos incluyen recomendaciones para endurecer el régimen disciplinario para los funcionarios que hacen trampas. Así, plantear crear tres tipos más de falta grave para cuando se usen permisos, licencias y créditos horarios para fines distintos a los justificados. También quieren multar (descartan la sanción económica) a quienes formulan denuncias falsas o prolongan indebidamente situaciones de interinidad.