Tres inmuebles y un garaje. Eso es lo que ha recuperado la Generalitat de la conocida como trama Blasco o Caso Cooperación. Pisos pagados con el desvío de fondos públicos que debían de haber ido a parar a ayudas para Nicaragua y que terminaron en manos de la Fundación Cyes. Ahora, el Consell ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la adjudicación de estas viviendas, que destinará a usos sociales, según informó ayer la vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano Mónica Oltra.

El objetivo es dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del caso Cooperación, en la que con independencia de las condenas de carácter penal, se determina una responsabilidad civil de 1,6 millones de euros. Para hacer efectiva esta cantidad, el juez embargó cuatro inmuebles que la Fundación Cyes compró con el dinero de las ayudas a Nicaragua, de las que únicamente llegaron a su destino 43.000 euros.

Estos pisos y el garaje salieron a subasta pública, y como informó Levante-EMV, ninguno se pudo adjudicar porque las mejores ofertas se quedaron muy por debajo del precio fijado. Así, el Consell quiere ahora que estos pisos vayan destinados a «fines sociales», aunque de momento no hay ningún documento firmado al respecto ni se ha especificado qué fines serán estos.

La Generalitat podrá quedarse los inmuebles por el 50 % del valor por el que salieron a subasta. Este importa resarce parte de la responsabilidad civil de los condenados para con la Generalitat, de manera que no ha salido un euro de las arcas valencianas para obtenerlos.

Además, durante el pleno de ayer, el Consell nombró a Ana María Ávila Peñalver directora general de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Conselleria de Sanidad. Ávila sustituye en el cargo a Óscar Zurriaga, quien lo abandona por razones «estrictamente personales», según Oltra, quien agradeció el «magnífico trabajo» de Zurriaga. Ávila es psicóloga clínica y profesora asociada de la Universitat Jaume I de Castelló.