11 de septiembre de 2016
11.09.2016

Reformar la Función Pública para evitar a Wilde

Queremos introducir reglas que garanticen el mérito en la selección de personal interino y la independencia de los tribunales

11.09.2016 | 04:15
Reformar la Función Pública para evitar a Wilde

Se atribuye a la aguda y malévola inteligencia de Oscar Wilde una de las definiciones más famosas de la Administración: «la burocracia se expande para satisfacer las necesidades de una burocracia en expansión». El dardo del poeta irlandés describe uno de los efectos perversos que toda organización (sobre todo, si es pública) puede padecer. No es ese modelo de Administración que el Consell que preside Ximo Puig quiere para la sociedad valenciana del siglo XXI: una realidad compleja que necesita con urgencia no nuevos mecanismos burocráticos, sino una herramienta de excelencia como una Administración transparente, eficiente y eficaz.

La buena convivencia y la cohesión social dependen mucho de la calidad de las instituciones democráticas, y entre las «que cuentan», la función pública es un factor crítico. Por ello, disponer de un capital humano profesionalizado, neutral, independiente y reclutado en condiciones de igualdad es mejorar de modo práctico las instituciones de los valencianos. Además, revela por qué reformar lo público es algo político en el sentido más genuino, cívico, que interesa a la sociedad civil y no sólo a especialistas o colectivos profesionales.

Por eso uno de los primeros objetivos que nos marcamos desde el inicio del mandato fue acometer una reforma de la Función Pública Valenciana, necesaria porque los valencianos necesitan a su servicio personal público acorde a los tiempos que vivimos. Tenemos una ciudadanía exigente que reclama no solamente valores instrumentales como eficacia y eficiencia en la gestión pública, sino también integridad y un trato equitativo. Por ello, apostamos por cambiar de modo dialogado el modelo de empleo público valenciano. Pero este cambio debe ser profundo, a la altura de los nuevos valores sociales. Ello excluye reformas meramente cosméticas, «lampedusianas», de las que no cambian nada mientras se sigue gestionando el empleo público como siempre. Mérito en el acceso y la carrera, así como flexibilidad en la gestión son los principios de la reforma que hemos planteado para cambiar el rumbo decadente de nuestra Administración.

El anteproyecto de ley de reforma que enviaremos a Les Corts intentará sentar las bases de una administración moderna en todos los sentidos. Para ello, era necesario que supiéramos con exactitud cuáles eran los males que afligen a nuestra Función Pública para poder aplicar los remedios adecuados.

Por ese motivo decidimos consultar a los mejores, a los más sabios, que respondieron con una generosidad que agradezco. La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha propiciado la creación de dos comisiones de especialistas para que diagnosticaran cuáles eran los problemas y necesidades de la Función Pública valenciana. La primera de ellas, presidida por Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá de Henares, ha evaluado las fallas y necesidades de la organización. Su informe, con sus sugerencias y críticas, es un valioso soporte para que la futura ley de la Función Pública valenciana sitúe a nuestra administración autonómica a la vanguardia de Europa en modernidad, transparencia y eficacia.

Es un ambicioso reto y, empero, quisimos ir más allá porque la Generalitat de nuestro tiempo y del futuro no debe ser sólo transparente, eficiente y eficaz, sino también „y en especial„ igualitaria. Es el sector público el que debe ser pionero y ejemplar en todos los ámbitos: también en el de la perspectiva de género. Así, una segunda comisión técnica ha diseñado las líneas maestras del futuro Plan de Igualdad en la Administración que se incorporará a la nueva Ley de la Función Pública. No es ésta una cuestión menor pues, con esta medida, las propuestas en materia de igualdad adquirirán toda la fuerza de la ley y dejarán atrás su carácter de catálogo de buenas intenciones que no siempre se plasman en políticas concretas. Para ello, hemos contado con la sabiduría y compromiso de especialistas en la materia coordinados por Julia Sevilla, reputada constitucionalista. Han hecho un magnífico trabajo por el que es de justicia mostrar el debido agradecimiento.

No son pocos los retos que debe afrontar la administración pública valenciana. Un tercio de la plantilla de los 16.000 efectivos con los que cuenta la Generalitat está en interinidad y son legión los funcionarios que ocupan destinos provisionales, con lo que la precariedad ha llegado a niveles inadmisibles. Además, el envejecimiento medio ha pasado de ser una posibilidad remota a una amenaza cercana, por no hablar del complejo sistema de categorías con 202 cuerpos y escalas diferentes que dificultan la gestión del día a día.

La futura ley apostará por estrategias valientes pero viables que afronten una de las lacras evidenciadas: la precarización. Sin estabilidad de las plantillas no hay credibilidad en la política de función pública. Para ello hace falta una previsión de efectivos que limite la improvisación que hasta ahora caracterizaba la gestión del personal. Apostamos de modo decidido por la planificación estratégica como herramienta de eficiencia, pero también de transparencia y previsibilidad. No es solo un principio a plasmar en la ley sino que ya estamos trabajando en el primer plan estratégico de recursos humanos de la Generalitat. Queremos introducir reglas que garanticen de modo efectivo el mérito en la selección de personal interino y la independencia de los tribunales de oposiciones, cuya meta es la profesionalización. Queremos, con la participación social necesaria, ofrecer un horizonte de estabilidad a los numerosos profesionales que prestan servicio temporal, padeciendo situaciones no buscadas. Ello debe hacerse con respeto a las reglas que el Tribunal Constitucional ha marcado desde 1989. No caben accesos diferenciados, si bien los servicios prestados de modo temporal no son ajenos al principio de mérito, por lo que es posible tenerlos en cuenta en convocatorias que deben ser siempre abiertas. No será fácil aunar este principio con la imprescindible renovación generacional de nuestro capital humano. En cualquier caso la propia Comisión propone que las convocatorias no superen el cincuenta por ciento del total de las plazas ofrecidas. El acceso a la función pública va más allá de una mera cuestión laboral, atañe a la igualdad de oportunidades de aquellas mujeres y hombres con vocación por lo público que aspiran legítimamente a incorporarse a la Administración, por lo que es una cuestión de ciudadanía. De ahí que planteemos la instauración de becas preparatorias para garantizar la igualdad de oportunidades a las convocatorias.

La nueva ley propiciará un cuerpo profesional de directivos y limitará los supuestos en los cuales es posible recurrir a la libre designación. Con ello pretendemos mejorar la excelencia profesional de los empleados públicos y, además, proteger su neutralidad política. Además, daremos a la evaluación del rendimiento, a la formación y al desarrollo del talento la importancia que merece, para lo cual planteamos convertir al Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) en un órgano de gestión del sistema que permita a la Generalitat disponer de las capacidades necesarias. Así haremos posible la cooperación con los restantes niveles de gobierno, trabajando así por la creación de un marco institucional coherente para el empleo público valenciano.

Además, una administración sana, profesional y eficaz es una vacuna eficacísima contra la corrupción que tanto ha golpeado nuestras instituciones durante los últimos años. Por ello, la norma incluirá la creación de las herramientas legales necesarias para proteger al personal público que denuncie irregularidades.

Tendremos una administración pionera en la aplicación de paradigmas de políticas de igualdad real entre hombres y mujeres mediante iniciativas como la composición equilibrada de ambos sexos en los órganos ejecutivos; la exigencia de contenidos en materia de igualdad en los temarios de oposiciones; la mejora en la protección de las víctimas de violencia de género o la implementación de ventajas concretas que favorezcan la corresponsabilidad en los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar.

Además, esa futura ley no será en ningún caso una carta otorgada. El diálogo y el consenso es una de las banderas que el Govern del Botànic enarbola con orgullo y, así como ya firmamos con los sindicatos un acuerdo de legislatura, también hemos contado con ellos para la elaboración de los informes y seguiremos haciéndolo para redactar  la futura norma. Lo que está en juego es demasiado valioso como para caer en errores de antaño con textos legislativos que, o bien no gustaban a nadie, o gustaban demasiado a muy pocos. La Función Pública Valenciana es de todos y su mejora debe ser cosa de todos, de los representantes políticos, en el Ejecutivo y en las Corts, de quienes trabajan en ella y de quienes les representan y por supuesto, de la sociedad, a la que invitamos a sumarse al debate.

Pese a la preclara lucidez de Óscar Wilde, la burocracia, al menos mientras el Govern del Botànic esté al timón de la nave de la Generalitat, no se va a expandir para satisfacer sus propias necesidades, sino que va a mejorar gracias a una nueva ley que nace bien pertrechada gracias a la sabiduría de los mejores especialistas que han colaborado para la elaboración de ambos informes. Y esta mejora tendrá un triple objetivo: será un ejemplo de igualdad real entre hombres y mujeres que se dedican al servicio público, que trabajarán mejor gracias a una ordenación más eficiente de recursos y normativas que, en definitiva, redundarán en un servicio de excelencia que es el que merecen los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

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