12 de septiembre de 2016
12.09.2016
Funcionarios

Solo Compromís proponía en su programa regularizar a los interinos

El PSPV no preveía actuaciones sobre el personal sin oposición y se limitaba a prometer reformar la ley

12.09.2016 | 07:55

La pasada semana la Generalitat presentó el informe sobre la situación de la Función Pública valenciana en el que se propone la regularización a través de una «vía extraordinaria» de los más de 5.500 interinos que trabajan en la administración autonómica. Según aseguraba ayer en un artículo en Levante-EMV la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, esta reforma (que incluye otras muchas medidas, además de acabar con la precariedad laboral) «fue uno de los primeros objetivos que nos marcamos desde el inicio del mandato».
Pero, ¿hasta qué punto la regularización masiva de estos miles de empleados públicos precarios „de los cuales, según los datos oficiales, 4.512 entraron sin superar ningún proceso selectivo ni figurar en bolsa de trabajo„ era antes de elecciones una prioridad para los partidos que ahora gobiernan la Generalitat?

El Acord del Botànic firmado el 11 de junio de 2015 por PSPV, Compromís y Podem y que sirvió de base para la formación del nuevo gobierno, no recoge ni una sola línea sobre reformar la administración ni, mucho menos, sobre la regularización de los trabajadores interinos de la Generalitat mediante convocatorias especiales (acogiéndose, según indican los expertos, a la disposición transitoria cuarta sobre consolidación de empleo de Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, de 2007).

Tampoco el equipo de Ximo Puig parecía tener el asunto de los interinos entre sus objetivos de gobierno antes de las elecciones. En el programa electoral del PSPV sí aparece el «despliegue y desarrollo de la Ley de la Función Pública Valenciana», y se apuesta por la «garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de selección». Además, se nombra una reforma del sistema de acceso al empleo público «tomando en consideración los supuestos prácticos». Pero entre las 1.396 medidas que incluía el programa, no se incluye nada parecido a «combatir la precarización» que afecta a uno de cada tres trabajadores públicos, tal como alerta la consellera Bravo.

Más específico en este sentido era el programa electoral con el que Compromís presentó la candidatura de Mónica Oltra. La coalición que encabezaba la ahora vicepresidenta apostaba como «sexto eje» para la mejora de la administración pública, por el «desarrollo de procesos de estabilidad del personal interino de larga duración», personal para el que garantizaba «un trato igualitario» respecto al resto de empleados públicos.

Para lograr esta «estabilidad» de los interinos, el programa de Compromís no mencionaba la «vía extraordinaria» a la que apuntan los expertos que han hecho el informe del Consell, pero sí se comprometía a «configurar bolsas de trabajo que tendrán en cuenta las situaciones anteriores de las trabajadoras y trabajadores en interinidad».

Así pues, y tal como también sugiere ahora el Consell, Compromís también dejaba en su programa la puerta abierta a valorar en los procesos selectivos la experiencia de trabajo en los puestos objeto de convocatoria. Eso sí, la formación valencianista mencionaba en su programa emprender estas medidas «especialmente» en el sector docente que, al igual que el sanitario, queda fuera de la nueva Ley de Función Pública que propone el Consell.

Frente a la tibieza de los socialistas y los matices de Compromís, la candidatura de Alberto Fabra para que el PP mantuviera el gobierno de la Generalitat en 2015 era clara y contundente en su programa: «consolidaremos a todo el personal interino ligado a la Administración». Pero, eso sí, los populares sólo se referían a la «Administración de Justicia». Respecto a medidas similares en el resto de departamentos de la administración autonómica, ni una palabra. Ciudadanos, directamente apostaba en su programa por «adelgazar» la administración pública, y «promover la igualdad, mérito y capacidad». Podemos, por su parte, tampoco contemplaba la regularización de los interinos, pero sí subrayaba la necesidad de una «función pública mayor», la «recontratación de trabajadores de la sanidad y la educación» que habían sido despedidos, y la «selección de las mejores personas en las ofertas de empleo público y en la promoción interna».

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