Tres de los investigados por los contratos adjudicados desde Imelsa a la empresa Servimun, encargada de gestionar el «call center» de la Diputación de Valencia, han dejado de ostentar esta categoría de imputados al archivar provisionalmente el juez su causa.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales que habría perpetrado el PP desde las instituciones, la conocida como Operación Taula, ha dictado auto de sobreseimiento provisional del exdirector del Área Jurídica de Imelsa y secretario de la mesa de contratación, el exdirector Financiero y vocal de la mesa de contratación, y el también vocal de la mesa de contratación y exjefe de la Unidad de procesos masivos tributarios de la empresa.
El auto de archivo destaca la "coherencia" respecto a otros datos objetivos de la investigación en las explicaciones de los hasta ahora investigados, que prestaron ayer lunes declaración ante el juez. En su decisión, el magistrado ha considerado la "insuficiencia indiciaria y la desproporción que en el contexto de la investigación penal supone el mantenimiento actual de dicha posición procesal".
La pieza separada D está relacionada con el amaño en la adjudicación a la empresa 'Servimun' del contrato de gestión del servicio de "call center", destinado a atender a los contribuyentes. De lo investigado hasta ahora, el Instructor concluye que hay indicios de que tal adjudicación "pudo ser decidida" por el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, con la intención de favorecer al responsable de dicha empresa.
En esta pieza se mantienen como investigados (antes imputados) el mismo Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, y otras siete personas, entre las que figura el diputado provincial delegado de empresas públicas, y directores y jefes de área de la empresa Imelsa. Se les imputan delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental.
En el "Caso Imelsa" hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas en Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa).
La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. Se estructura en una pieza principal, aún secreta, y cinco separadas, una de ellas, también secreta.
