La senadora y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, continuará como vocal en las comisiones Constitucional y de Economía, según confirman fuentes del grupo popular en el Senado. Barberá ya ocupaba estos dos puestos en la anterior legislatura, en la que también ocupó un cargo en la Diputación Permanente de la Cámara Alta. Hoy martes se reúne la Mesa y Junta de Portavoces en el Senado y al término el vicepresidente primero, Pedro Sanz, informará sobre la constitución de las comisiones de la Cámara Alta.

De momento, no hay fecha para la constitución de la Diputación Permanente, y el grupo popular aún no ha tomado una decisión sobre si mantendrá o no a Barberá en ella.

Las nuevas responsabilidades de Rita Barberá en el Senado se conocen la misma semana en la que el Tribunal Supremo podría pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía del Alto Tribunal para que se investigue a Barberá por el presunto blanqueo de capitales, al igual que a los otros 47 ediles, asesores y exconcejales imputados en esta pieza separada del «caso Taula».

Investigar y luego, acusar

Aunque el Supremo decidiera que se ha de iniciar la investigación contra Barberá, su imputación no sería inminente ya que primero se debería nombrar un juez instructor que sería el que se encargaría de tramitar el suplicatorio, el «permiso» que el poder judicial solicita al legislativo para poder dirigir una acusación penal contra una aforada, como es el caso de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Sobre la delicada situación judicial de la senadora se pronunció ayer el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien considera que Barberá sólo deberá asumir responsabilidades políticas si es procesada y, por tanto, se le abre juicio oral. Por ello, no cree que deba dimitir si únicamente está imputada.

«Hay que medir bien las responsabilidades derivadas de los procesos judiciales. En la condición de investigado -antiguo imputado- no hay una presunción de responsabilidad. Entre condición de investigado y de inculpado hay una diferencia sustancial», declaró a RNE.

Por eso, subraya que en el PP son «más partidarios» de que la asunción de responsabilidades vaya ligada a algo más que una «acusación», por lo que alguien no debe ser apartado de un cargo porque se le acuse de algo, sino que esto «se tiene que acreditar. Es lo razonable, lo sensato», apuntó.

En este sentido, el ministro ha insistido en que las responsabilidades deben llegar cuando «haya comprobación de que los hechos» de los que se acusa tienen «veracidad» porque, de lo contrario, «parece que es el querellante el que tiene razón. No es sensato que por poner una querella haya que dimitir», subrayó.

Por el contrario, Catalá opina que la dimisión de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, sí está justificada porque en su caso existe un «hecho objetivo», como es el control de alcoholemia en el que triplicó el límite máximo permitido. «En el caso de Rita Barberá, está por demostrar. Son casos muy distintos», señaló.