13 de septiembre de 2016
13.09.2016
CASO TAULA

Caso Taula: El Supremo investigará a Rita Barberá por el blanqueo en el PP de Valencia

El juez instructor será Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado durante los gobiernos de Zapatero - El tribunal se apoya en el informe favorable del fiscal e investigará a la senadora por el "pitufeo" en el grupo municipal

13.09.2016 | 18:18
Rita Barberá, al salir de su casa hoy para ir al Senado antes de conocerse la decisión del Supremo
Rita Barberá.

La sala segunda de lo Penal del Tribunal Supremo investigará a la senadora del PP Rita Barberá por el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal popular del Ayuntamiento de Valencia durante la última campaña electoral municipal.

La decisión del Supremo se apoya en el informe favorable del fiscal y en la exposición razonada que envió el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el blanqueo de capitales y el presunto delito electoral en una pieza separada del Caso Taula.

Esta pieza separada investiga ingresos anónimos detectados desde 2002 a 2011 por un importe de 317.050 euros, además de las donaciones de mil euros que hicieron 47 concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita.

El Alto Tribunal ha designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala Cándido Conde-Pumpido Tourón, que fue Fiscal General del Estado entre 2004 y 2011, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

En un auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala II, Manuel Marchena, el Supremo destaca que, "sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en la exposición razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal. Resulta, pues, imprescindible -añade el auto- continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada Rita Barberá Nolla".

El auto reproduce los argumentos del juez del "Caso Taula", Víctor Gómez, en la exposición razonada que remitió al Supremo para solicitar la investigación de la actual senadora. Sobre el «pitufeo» (blanqueo de dinero por muchas personas en pequeñas cantidades, 1.000 euros en este caso), el titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia trasladó que «Rita Barberá fue una de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada del resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la senadora aforada».

Otro de los detalles que argumentó el magistrado fue la estructura piramidal del PP. «Rita Barberá ostentaba una efectiva posición como superior jerárquica de la principal investigada, María del Carmen García-Fuster, tanto por ser alcaldesa en la fecha de los hechos investigados, como por ser la máxima responsable del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia». De hecho, Barberá era conocida con el sobrenombre de «la Jefa» en el Ayuntamiento de Valencia, en clara alusión a que no se movía un papel sin su consentimiento o supervisión.

También destacó el magistrado la estrecha relación entre Barberá y la secretaria del grupo municipal popular Mari Carmen García-Fuster y supuesta directora de orquesta del «pitufeo». «Existe una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada, que desempeñaba las mismas funciones y atribuciones dentro del grupo popular desde el año 1991 en que fue designada» por Barberá como secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

Durante su declaración ante el juez, María del Carmen García- Fuster hizo una encendida defensa de la inocencia de Rita Barberá a la que intentó exculpar de cualquier relación con las donaciones anónimas que recaudó el partido entre 2002 y 2014 y que ascendieron a 317.050 euros. «En ningún momento ha sido Rita Barberá. Y lo juro solemnemente, porque ha sido la diana en todos los medios y allende los medios», aseveró García-Fuster sin que nadie le hubiera preguntado o sugerido que la actual senadora del PP pudiera ser la «recaudadora» de estas aportaciones de dinero. Unas donaciones que los populares defienden como correctas aunque eran totalmente ilegales por su condición de «anónimas».

Las explicaciones dadas por la senadora popular al magistrado, en el escrito que presentó ante el juzgado, no convencieron al juez instructor. Barberá descargaba todas las decisiones sobre la campaña en el comité electoral. «Las alegaciones efectuadas por la aforada no introducen en su relato hechos que permitan atribuir una relevancia excluyente de su posible implicación, en relación y contraste con el resultado de lo instruido». De ahí que el juez de Instrucción 18 persistiera en elevar al Supremo la exposición razonada sobre el presunto blanqueo de capitales, tal como solicitaba también la Fiscalía Anticorrupción y después la Fiscalía del Supremo, para que se investigue a la senadora.

A favor de la exalcaldesa sólo existía un detalle. «Ni las investigadas que han reconocido la recepción del dinero tras efectuar la aportación (en referencia a Maria José Alcón y una asesora de prensa) ni los cuatros testigos que se negaron a hacer la aportación [de los 1.000 euros] testimonian una participación concreta y personal de la aforada, Rita Barberá, ni en la entrega del dinero, ni en la propuesta o indicación para que dicha entrega se llevara a cabo, o se aceptara». De estas tareas se encargó, presuntamente, la alter ego de Barberá, María del Carmen García-Fuster, según relataron los testigos y acusados que reconocieron los hechos ante el juez y la Guardia Civil.

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