13 de septiembre de 2016
13.09.2016
Caso Taula

El técnico que justificó el «call center» de Imelsa admite ahora que «no tenía sentido»

Salvador Deusa reconoce ante el juez que el centro de atención a los contribuyentes perdió 40.000 llamadas

13.09.2016 | 11:27
El técnico que justificó el «call center» de Imelsa admite ahora que «no tenía sentido»

El «centro de atención multicanal a los contribuyentes» de la Diputación de Valencia se «externalizó» en 2012, mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local SA). La privatización de este servicio, bautizado como «Call Center» y adjudicado a la empresa Servimun el 20 de mayo de 2013, se justificó desde todas las instancias de la institución provincial, entonces dirigida por Alfonso Rus, como una manera de mejorar el servicio de atención telefónica tributaria a los contribuyentes.

Tres años después el «Call Center» ostenta el dudoso honor de formar una pieza separada del «Caso Taula», que investiga una red organizada para el cobro de mordidas en las administraciones públicas valencianas. Y el mismo funcionario que supervisó y justificó su privatización admitió ayer ante el juez del Caso Taula que «no tenía ningún sentido externalizar» este servicio, según explican a Levante-EMV fuentes conocedoras de la declaración de Salvador Deusa, jefe de sección de evaluación y planificación de la Diputación de Valencia, adscrito a Imelsa. De hecho, esta atención telefónica a los contribuyentes de los municipios que tienen cedida la recaudación tributaria se realiza actualmente por la Diputación de Valencia, que recuperó la gestión tras extinguirse el contrato el 31 de diciembre de 2015.

Deusa, investigado en esta causa junto a once personas más por el presunto amaño del contrato, también admitió fallos graves en la gestión del servicio tributario telefónico ya que se llegaron a perder «40.000 llamadas de contribuyentes por un problema informático» del que responsabilizó a la Diputación de Valencia y eximió a la empresa Servimun SL, según desveló en su declaración ante el juez del Caso Taula, Víctor Gómez. Unos problemas que detectó cuando aún estaba adscrito a Imelsa pero que no comunicó por escrito ante su inminente vuelta a la Diputación de Valencia, según confirmaron fuentes conocedoras de su declaración.

Junto a Deusa también comparecieron ayer como investigados cuatro de los siete funcionarios de la Diputación de Valencia que formaron parte de la mesa de contratación del «call center». El nexo común a todos ellos es que todos cerraron filas para defender la legalidad de la adjudicación y negaron haber recibido presiones para adjudicar el servicio a Servimun SL, tal como sostiene el exyonki del dinero y exgerente de Imelsa, Marcos Benavent -también investigado en esta pieza- ante los investigadores. Según la declaración de Benavent ante la Guardia Civil el «call center» se adjudicó a Servimun por la amistad que había entre Deusa y Mariano López, exsuegro de Benavent e investigado también en esta causa.

El director del área jurídica de Imelsa, Enrique Grau Freixa, declaró ante el juez que «formalmente» el contrato fue legal ya que se publicitó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la apertura de plicas fue pública y ningún licitante recurrió los pliegos de condiciones, según explican a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración. Grau Freixa admitió las tensiones con Deusa sobre los plazos para la adjudicación del «call center», que ayer rebajó a la categoría de «discrepancias técnicas», y negó haber recibido presiones para la adjudicación.

Manuel López Montoliu, jefe de la unidad de procesos masivos tributarios, admitió que era un «convidado de piedra» en la mesa de contratación porque carecía de conocimientos para la adjudicación del contrato -de lo que advirtió a sus superiores- aunque también negó haber recibido presiones para adjudicar el «call center» a Servimun SL.

También negaron haber recibido ningún tipo de presión el jefe de servicio de gestión tributaria de la Diputación de Valencia, Ricardo de Ángel Marí y José Enrique Montblanch Guillén, director del área económica de Imelsa, que también declararon ayer como investigados en el Juzgado de Instrucción 18.

Durante las declaraciones que se prolongaron durante toda la mañana también se conoció que el call center ocupaba un local alquilado a una empresa del Grupo Engloba, Business Loft, a quien se abonaba «2.000 euros al mes desde el año 2010». El viernes declararán como investigados en esta pieza el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y Mariano López.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Calendarios 2017/18

Calendario Laboral y Escolar Comunidad Valenciana

Consulta el calendario de 2017/18

Todos los días festivos nacionales, locales y de las ciudades de València, Castelló y Alicante de 2017 y 2018, así como el calendario escolar para el curso 2016/17.


Enlaces recomendados: Premios Cine