14 de septiembre de 2016
14.09.2016

El juez desimputa a tres funcionarios por el «call center»

Considera que mantenerlos investigados por formar la mesa de contratación es «desproporcionado»

15.09.2016 | 14:00

El juez del «Caso Taula» decidió ayer «desimputar» a tres de los siete funcionarios de Imelsa y la Diputación de Valencia investigados por el presunto amaño del contrato del servicio telefónico de gestión tributaria o «call center». Se trata del director del área jurídica de Imelsa, Enrique Grau Freixa; el jefe de la unidad de procesos masivos tributarios, Manuel López Montoliu y el director del área económica de Imelsa, José Enrique Montblanch Guillén.

Los tres declararon el pasado lunes en calidad de investigados por su participación en la mesa de contratación que adjudicó el contrato del call center (central telefónica) a Servimún SL, la empresa «apadrinada» por Mariano López, el exsuegro del «yonki del dinero», Marcos Benavent, y amigo personal del entonces presidente de la Diputación, Alfonso Rus, y del funcionario que justificó la privatización de este servicio, Salvador Deusa.

El magistrado considera que los tres funcionarios sobre los que ha decidido sobreseer la causa «dieron explicación precisa y suficiente de las circunstancias de su de su designación y cometido en dicha mesa de contratación». Unas explicaciones que convencieron al magistrado del también conocido como «Caso Imelsa», Víctor Gómez, ya que considera que existe «insuficiencia indiciaria y desproporción en el contexto de esta investigación penal» su condición de imputados. De hecho, el magistrado admite que no existen «otros indicios que no vengan constituidos por su mera participación en la citada mesa y que pudieran, de modo lógico, por vía deductiva o de inferencia, atribuirles una responsabilidad penal siquiera a nivel indiciario», según señala el auto dictado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

No obstante, el juez advierte que el sobreseimiento contra los tres funcionarios es «provisional, en términos de proporcionalidad y de presunción de inocencia». Y que decide levantar las acusaciones contra ellos porque «no debe sostenerse una posición procesal de imputado sin indicaciones concretas de implicación en los hechos de relevancia penal que se investiguen y que sólo se sostendrían a través de conjeturas».

De esta manera, en la pieza separada del «Caso Taula» que investiga el presunto amaño del call center quedan nueve imputados: el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, el exdiputado de Imelsa, Rafael Pérez, los empresarios Mariano López, Fernando José Palomares Ruzafa y Salvador Sansano Pitarch, además de los funcionarios de Imelsa Salvador Deusa, Ricardo Francisco de Ángel Marí y Jorge Cuñat Cervera. A los nueve se les imputan los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental. El viernes declararán Rus y López por estos hechos.

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