La época en que el PP ataba perros con longanizas se acabó y las penurias se han dejado sentir en una organización que ha pasado de controlar todas las instituciones a estar en la oposición. La disminución de recursos es un hecho y, como suele ocurrir, los trabajadores de a pie son las principales víctimas. Si a principios de legislatura, el grupo popular en las Corts, despidió a través de un ERE a la mayoría de sus asesores, ahora le ha tocado el turno a quienes tenían nómina en el PP de la provincia de Valencia.
El partido ha comunicado el despido a cuatro personas, lo que deja la plantilla bajó mínimos, sólo con la gerente y una administrativa. Fuentes de la organización que preside Vicente Betoret confirmaron a este diario los despidos que enmarcaron en las dificultades económicas por la caída de ingresos. Las citadas fuentes explicaron que el partido se nutre principalmente de las cuotas de sus militantes y de las aportaciones de los diputados provinciales. La pérdida del poder en la Diputación de Valencia y la reducción del número de cargos públicos ha dejado, admiten, el presupuesto bajo mínimos. Según el PP provincial, se buscaron varias vías para impedir los despidos e incluso se solicitó a Génova autorización para pedir un crédito. La dirección nacional del PP les cerró de forma tajante esta vía. «Antes de engañar a los trabajadores y tenerlos sin poder pagarlos, hemos decidido encarar el problema», indicó Betoret en declaraciones a Levante-EMV. El responsable provincial apuntó que había sido una decisión «muy dolorosa» ya que los despedidos llevaban mucho tiempo en nómina de la organización.
Los despidos, que se comunicaron en septiembre, coinciden en el tiempo con la polémica decisión de los miembros del consejo de dirección del grupo parlamentario popular de renunciar a la dedicación exclusiva en el Parlamento con el fin de poder sortear el límite de 5.000 euros al mes en concepto de dietas o retribuciones por asistencia a reuniones. Tal como adelantó este diario, los diputados del consejo de dirección, con Betoret incluido, notificaron a las Corts su decisión de renunciar al complemento por dedicación exclusiva, que supone unos 300 euros al mes a cada diputado. Con este paso, el grupo podrá reforzar las retribuciones de estos diputados. Este método permite al grupo rescatar de alguna forma los pluses que en la época de las mayorías absolutas se repartían los diputados. Entonces, el llamado «talonet» oscilaba entre los 360 euros brutos para los diputados raso hasta los 2.500 euros para los miembros del consejo de dirección. No obstante, desde la dirección del PP se afirma que no se puede hablar de sobresueldos sino que de lo que se trata es de compensar a aquellos diputados por su mayor responsabilidad en las tareas del grupo. En todo caso, supone un refuerzo retributivo con los fondos del grupo parlamentario. El PP regional subraya que la presidenta popular, Isabel Bonig, no recibe un euro del partido y renunció en su día al coche oficial de las Corts.
Con todo, la renuncia en bloque de la dedicación exclusiva para recuperar en cierta forma el plus por responsabilidad ya generó malestar en las filas populares, sobre todo, entre las bases. La dirección del grupo parlamentario aprobó en septiembre de 2015 un ERE a su plantilla, conformada por 14 personas, que ha supuso el despido de la mitad, siete empleados.
En el caso del PP provincial el despido se ha producido por causas objetivas: afecta a asesores de comunicación, personal de limpieza y personas que realizaban tareas administrativas. Las fuentes citadas indicaron que existe el compromiso de que si la situación mejora se recuperará a los empleados.
Momento delicado
La noticia llega también en un momento delicado para la dirección provincial. Hace unos días, el juzgado del caso Taula imputó al exgerente del partido y al exresponsable de organización, Juan José Medina por un supuesto delito electoral en la pieza relativa al presunto blanqueo de capitales. Betoret, que sucedió a Alfonso Rus en la presidencia provincial, se encuentra en una situación delicada porque podría verse salpicado por la investigación judicial en la pieza principal del caso Taula.
El PP provincial comparte sede con el PP regional en el edificio de la calle Quart, cuyo alquiler vence a finales de año. La organización regional decidió tras las elecciones de 2015 dejar esta sede ante la disminución de las subvenciones electorales y con el fin de ahorrar 6.000 euros al mes. Con todo, esta cuestión no afecta a la provincial, ya que nunca ha asumido el coste del alquiler.
