Los empresarios valencianos se han implicado directamente en la situación de bloqueo que vive la política española por la incapacidad de los partidos de pactar un nuevo Gobierno tras dos elecciones generales consecutivas. El comité ejecutivo de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) aprobará hoy un documento que hará llegar a todas las formaciones políticas con representación parlamentaria valenciana en el que establece los requisitos mínimos que debería asumir el futuro Ejecutivo para que los diputados autonómicos le den su apoyo. Al menos desde la visión de la patronal.
El texto está conformado por cuatro exigencias básicas, que la organización trasladará, no a través de reuniones formales, a los distintos partidos. Se trata de las mismas reivindicaciones que el presidente de la CEV, Salvador Navarro, planteó al portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, para que esta formación política, pese a su evidente divergencia ideológica, diera el paso de apoyar el pacto PP-Ciudadanos a cambio de un compromiso por parte de estos que tendría efectos muy positivos para la Comunitat Valenciana.
Fuentes de la organización consultadas por este diario aseguran que el documento de la CEV no implica un posicionamiento político de la misma, sino lograr esas reivindicaciones casi históricas, sea el Gobierno del color que sea. Es decir, tanto da si es a través de un Ejecutivo entre PP y Ciudadanos con abstención socialista o entre uno de PSOE-Podemos con abstención de C's. La pretensión tiene poco recorrido, sin embargo, dado que la patronal provincial pretende que si el pacto de gobernabilidad no incluye estas peticiones no sea apoyado por los diputados valencianos. Y es que solo los cuatro congresistas de Compromís „además insuficientes para dar la mayoría a Mariano Rajoy para seguir como presidente solos pero suficientes con el Partido Nacionalista Vasco„ tienen autonomía política. Los representantes del PSPV- PP, Podemos y Ciudadanos dependen de las estrategias de sus partidos en el ámbito nacional. En la CEV lo saben.
Las reivindicaciones son de largo recorrido. En primer lugar, un nuevo modelo de financiación autonómica y una quita de la deuda histórica, que la elevan a los 15.000 millones de euros.
El segundo punto del documento, que es el más extenso, se centra en reclamar la inversión en infraestructuras por parte del Estado: el corredor ferroviario mediterráneo y el cantábrico-mediterráneo, los accesos viarios norte y sur al puerto de Valencia, el acceso ferroviario al puerto de Sagunt, plataformas intermodales conectadas al corredor litoral en Castelló, Sagunt, Valencia (Fuente de San Luis) y Alicante, acabar la urbanización de Parc Sagunt, solucionar el déficit hídrico y que el ministerio de Fomento financie el transporte de viajeros en el área metropolitana de Valencia.
La CEV también aboga por tomar medidas que atenúen la pérdida reputacional que ha sufrido la C. Valenciana como consecuencia de los casos de corrupción sin fin protagonizados por el PP. A este respecto, el documento recuerda que, tras la elecciones municipales y autonómicas de 2015, «la Comunitat Valenciana cuenta con nuevos gobernantes y es el momento de sacar» a la autonomía «del foco de la corrupción», tal y como «se ha iniciado desde el gobierno valenciano con su política de transparencia».
Por último, el documento reclama un incremento de la presencia de políticos y técnicos valencianos en la administración del Estado, tanto en ministerios como en el sector público, y en las comisiones parlamentarias, que ha sido «prácticamente inexistente» en las últimas legislaturas.
