16 de septiembre de 2016
16.09.2016
Financiación ilegal del partido

El PP regional y provincial se disputaban las mordidas a costa de las obras de los colegios

La Guardia Civil implica a Francisco y Gerardo Camps y Alejandro Font de Mora en el cobro de mordidas en la empresa Ciegsa

17.09.2016 | 18:26

La pieza principal del «Caso Taula» desvela una red de cobro de mordidas en dinero negro orquestada y permitida por el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, e incrustada en el ADN del Partido Popular. Se trataba, según la Guardia Civil, de una «supuesta estrategia de recaudación a nivel autonómico y provincial» con «fondos de procedencia ilícita» de la que se habría financiado no sólo el partido a nivel regional, sino que las sucursales corruptas se extenderían a las tres provincias (Castelló, Valencia y Alicante). Y a la que se sumaría la del Ayuntamiento de Valencia, investigada en otra pieza separada de esta macrocausa de corrupción que socava de raíz los cimientos del Partido Popular. En total cinco cajas de dinero en «B» al servicio del partido que ha estado al mando de la Generalitat y de las principales instituciones valencianas durante dos décadas. Aunque, a veces, la voracidad de los protagonistas y las rivalidades políticas hacían que las estructuras regional y provincial del partido pugnaran por hacerse con las comisiones.

Al frente de esta fábrica de dinero negro, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a la cúpula de la Generalitat con «Francisco Camps Ortiz, presidente de la Generalitat en la época de los hechos investigados», a la cabeza. Según los investigadores, Camps «sería quién habría impartido determinadas instrucciones a Gerardo Camps, supuestamente en relación al control de las adjudicaciones y del reparto de comisiones». Camps era el director de orquesta, pero quienes ejecutaban sus directrices eran Víctor Campos, vicepresidente de la Generalitat, y Gerardo Camps, entonces conseller de Economía y Hacienda y actualmente diputado en Madrid, ya que ambos eran «los encargado de controlar a quién se le tenían que adjudicar los colegios en cada caso». Campos también sería un «recaudador de dinero para el partido, ya fuera provincial o regional» y la persona «que pagó presuntamente 20 millones de un congreso provincial».

Alejandro Font de Mora, conseller de Educación de 2004 a 2011 y actual vicepresidente segundo de las Corts, habría consentido los desmanes y sobrecostes en la empresa pública responsable de construir los colegios (Ciegsa). E, incluso, habría mediado para que una empresa implicada en el Caso Taula, Construcciones Luján, «recibiera una obra, ante las escasas adjudicaciones que estaba recibiendo». Font de Mora actuó en connivencia con Alejandro Bañarez Vázquez, director general de Régimen Económico de la Conselleria de Educación, que «habría recibido instrucciones del conseller de Educación en relación a qué empresa tenía que resultar adjudicataria de un determinado concurso».
En la base de esta maquinaria perfectamente engrasada para lograr mordidas se situaría Máximo Caturla, consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas SA (Ciegsa) y responsable directo de la adjudicaciones de las obras de los colegios e institutos. Caturla se convirtió en un agente doble porque, a partir de 2004, parte de los contratos amañados para construir colegios también iban a financiar al presidente provincial del PP y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y su séquito de acólitos formado por Juan José Medina (alcalde de Moncada), Emilio Llopis (alcalde de Genovés) y Vicente Betoret (alcalde de Vilamarxant), según los investigadores del «Caso Taula». Y el «recaudador» elegido para interactuar con Caturla fue Marcos Benavent, el exyonki del dinero, que empezó a grabar compulsivamente las reuniones con sus interlocutores durante su etapa como recaudador. Son estas conversaciones las que desvelan que existió una «guerra de laterales» una pugna por las comisiones que «tendría su origen en las distintas solicitudes, no siempre coincidentes, que recibía Máximo Caturla para predeterminar los concursos en Ciegsa».

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