El servicio de atención telefónica tributaria de la Diputación de Valencia no estuvo amañado y se hizo a través de una encomienda de gestión por decisión «de los técnicos», según declararon ayer el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y su vecino en Xàtiva y exsuegro del yonki del dinero, Marcos Benavent. Ambos están imputados en esta pieza separada del «Caso Taula» por, supuestamente, medrar e influir, según Benavent, para que el «call center» se adjudicara a la empresa Servimun, apadrinada por López y donde llegó a trabajar su hijo como responsable del centro. Los dos defendieron la legalidad del contrato realizado por Imelsa.
López achacó a una «venganza» de Benavent la denuncia de éste sobre el amaño del contrato, aunque negó que a él le moviera el mismo interés cuando llevó las grabaciones de su exyerno ante la Guardia Civil.
También declaró el propietario de Servimun, Fernando Palomares, quien defendió su experiencia para lograr el contrato del «call center» y desveló que no aportó todo el personal porque «de 22 personas exigidas por contrato, la Diputación de Valencia sólo aportó licencias de software para ocho personas».
