«La situación actual de la adopción en la Comunitat Valenciana es de colapso total, por la falta de medios humanos y materiales, y por una mezcla de diversos factores». Con estas palabras define Ruth Martínez, presidenta de la asociación Adoptants de la CV, cómo está la situación actual para los padres valencianos que desean adoptar. Ruth Martínez revela que al día de hoy, si una pareja inicia los procedimientos para la adopción en la Comunitat, «tardará 9 o 10 años» en ver convertido en realidad su sueño. Por la complejidad de la normativa vigente y la lentitud de la administración, en especial de los funcionarios y jefes de servicio de la Conselleria de Polítiques Inclusives, señala la presidenta de Adoptants.
Esta asociación, que agrupa a 200 asociados que están en diversas fases del proceso para adoptar, revela que hay «cerca de 3.000 familias valencianas con una solicitud de adopción abierta», remarca Ruth Martínez. Con matices, «entre ellas, hay familias con idoneidad para recibir al niño y otras en proceso de obtenerla». Si se tiene en cuenta que cada año, como media, se asignan unos 60 pequeños, la proporción entre padres en condiciones de adoptar y niños candidatos a ser adoptados es «estratosférica».
Esta portavoz revela además que el sistema de protección del menor es «absolutamente deficiente». Funciona por inercia, porque una parte de los procedimientos los realizan centros, fundaciones o asociaciones, externas a la Conselleria. El problema además «crece de forma exponencial año tras año», y la falta de recursos materiales y humanos genera daños colaterales. Como que los pequeños candidatos a ser adoptados «pasan más tiempo del que deberían en familias acogidas», por la lentitud con la que avanzan los expedientes administrativos; y por ende que entre los menores tutelados por la administración autonómica, «no hay tantos que estén condiciones de ser adoptados».
El nuevo gobierno de izquierdas
Respecto a si con el nuevo gobierno de la Generalitat (formado por PSPV y Compromís) ha cambiado «el colapso» al que se refiere la presidenta de Adoptants, la respuesta es sí en las formas pero no en el fondo. «Ha cambiado radicalmente la manera de oir y escuchar a los colectivos y ser receptivos a esas demandas», subraya Martínez, pero en realidad luego eso «no se traslada al día a día porque tienen en casa al enemigo».
Porque los funcionarios y jefes de servicio de la Conselleria de Polítiques Inclusives «tienen mucha experiencia llevan muchos años trabajando con menores y están curados de espanto, de manera que sólo los casos gravísimos se convierten en prioritarios», indica. Los problemas diarios que padecen los padres adoptivos y sus hijos siguen igual. «Porque no se abordan los casos de forma transversal entre todas las administraciones competentes: Polítiques Inclusives, Educación y Sanidad», apunta esta mujer.
¿Identidades protegidas?
Por ejemplo, en la Sanidad, cuando los niños en adopción o en preadopción son atendidos por los médicos «se desvelan las identidades protegidas de nuestros hijos, cosas prohibida por ley y que hemos reiterado a la administración que no puede ser ocurrido». Lo mismo ocurre en el colegio, «los profesores no saben cómo tratarlos ni tienen un protocolo de actuación». Durante años, «hemos denunciado y reclamado en Bienestar Social, Educación y Sanidad todas estas cuestiones pero no sirve para nada».
El 29 de julio de 2015 se introdujo un cambio normativo en las leyes de adopción autonómica pero «sin dotación de recursos económicos, estos cambios no sirven para nada». Por ende, «se debería llevar a cabo una reformulación completa del sistema de protección del menor».
Lo mismo que en el ámbito judicial, es preciso que sean los jueces de los menores «los que se encarguen de los casos de adopción porque los otros magistrados por mucho interés que se tomen, no son especialistas en estos casos».
