La sospechosa compra de una sede en Quart de Poblet para la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en 2008 escondía una mordida de tres millones de euros que iban a repartirse Alfonso Rus y Enrique Crespo, según ha declarado el exyonki del dinero, Marcos Benavent, a la Guardia Civil.
La polémica operación inmobiliaria vuelve a conectar entre sí dos casos de corrupción «made in Valencia»: El «Caso Taula» que ha arrastrado al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y la constructora Cleop -acusada de pagar comisiones- y el Caso Emarsa donde el presidente de la Emshi y vicepresidente de la institución provincial, Enrique Crespo, es uno de los principales inculpados por el saqueo de la depuradora de Pinedo.
La adquisición de la nave industrial, un antiguo secadero de jamones, sólo se frustró tras publicar Levante-EMV que la Emshi iba a pagar 12 millones de euros por un edificio que sólo unos meses antes apenas valía 6 millones.
El 23 de mayo de 2008, los representantes de los 51 municipios de la Emshi -con participación del PP, PSPV y Compromís- votaron a favor de comprar la nave por 12 millones de euros. Sólo se opuso el alcalde socialista de Godella, Salvador Soler, que solicitó revisar el expediente y alegó defectos de forma. Esta adquisición, sin pliego de condiciones técnicas y administrativas, sólo se sustentaba en un informe del gerente a petición de la comisión de Hacienda, presidida por Enrique Crespo. No se aportaron informes técnicos ni una tasación. La publicidad consistió en anuncios publicados en varios periódicos, entre ellos Levante-EMV, con las condiciones buscadas.
El documento para justificar la compra concluía que el antiguo secadero de jamones de Quart de Poblet -7.020 metros cuadrados de techo y sótano con capacidad para habilitar 80 plazas de aparcamiento- era la mejor de 38 ofertas, ya que suponía un coste de 1.718 euros por metro cuadrado, la relación más económica. El organismo optó por la contratación directa -en lugar del concurso- invocando la excepción de la ley de patrimonio que permite a las administraciones no seguir la ley de contratos cuando se busca un local peculiar. La nave no cumplía los requisitos demandados por la Emshi en su anuncio ya que estaba ubicada a 9,5 kilómetros de la plaza del Ayuntamiento, cuando el máximo eran 4,5, ni el precio máximo, 8,3 millones.
El edificio, además, iba a adquirirse a la empresa Cleop que había formalizado una opción de compra de la nave industrial en enero de 2008 por un precio total de 7,2 millones euros. Un año después, en 2009, el antiguo secadero de jamones se ofertaba por 6 millones de euros y Cleop ya no era su propietario legal, tal como publicó Levante-EMV.
La intrahistoria de esta extraña maniobra de compraventa de la sede llega siete años después gracias al sumario del «Caso Taula». El yonki del dinero conservaba un documento privado de dos folios, que fue requisado durante los registros de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Benavent explica al respecto que Rus y Crespo «me propusieron hablar con Carlos Turró -propietario de Cleop- para realizar una operación de venta de una nave propiedad de la constructora a una sociedad de las presididas por Crespo [la Emshi]» .
«Inflar el valor del edificio»
«La proposición que le realizan giraba en torno a inflar el valor del edificio para obtener un beneficio por parte de Alfonso Rus y Enrique Crespo de uno a tres millones de euros», relata la Guardia Civil al transcribir la declaración de Benavent.
Para borrar el rastro de la intervención de los dirigentes populares, «Enrique Crespo me facilitó el nombre de la empresa de Alicante Acanter Ego SL, para intermediar en la citada compraventa por valor de 11.871.000 euros», relata el exyonki de dinero. Los términos de esta intermediación se reflejaban en el documento requisado por la Guardia Civil y fechado el 21 de abril de 2008, apenas un mes antes de la compra fallida aprobada por la Emshi.
Marcos Benavent relata a los agentes de la UCO que sobre esta operación inmobiliaria «que no llegó a materializarse, existe en internet información al respecto, puesto que fue un escándalo». De hecho, la operación sólo se abortó después de que Levante-EMV revelara los detalles de la adquisición que iba a consumarse.
