El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga otra cuenta del asesor del PP de Valencia, Ángel Pallás, en la pieza separada del «caso Taula» que indaga el presunto blanqueo de capitales en cantidades pequeñas o «pitufeo». Se trata de una cuenta abierta en el Open Bank por la esposa de un asesor popular cuya operativa coincide con los ingresos de 1.000 euros realizados por el medio centenar de ediles, asesores y exconcejales del PP de Valencia entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, antes de la campaña electoral municipal de ese año.
Alrededor de la cuenta del Open Bank existe una operativa «muy rara» que ha llamado la atención de los investigadores y por la que ayer fue citada en calidad de testigo la esposa del asesor, Paula C. S. El interrogatorio al que la sometió el juez del caso Taula, Víctor Gómez, fue «muy exhaustivo» -tanto que algunas defensas muestran su malestar- aunque el origen del dinero no quedó suficientemente acreditado. Según fuentes conocedoras de la declaración, esta cuenta del Open Bank se abrió con un 1 euro. Recibió un ingreso de 12.000 euros y extracciones cíclicas de 600 hasta quedarse a cero. Esta operativa se descubrió al analizar las cuentas de donde procedían los 43 ingresos de 1.000 euros realizados por transferencia (otros siete se hicieron en efectivo). Ni el asesor Ángel Pallás, que ha trabajado en Juventud junto a Beatriz Simón y ha sido gerente de la Fundación VEO y Valencia Crea, ni su esposa han podido aclarar en el juzgado la procedencia de este dinero y la dinámica de extracciones continuas de 600 euros.
Por esta misma pieza separada en la que también se investiga un presunto delito electoral también declararon ayer el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y los representantes del Partido Popular provincial, Juan José Medina y José Ramón Moscardó Úbeda.
Grau se escudó en que su participación como coordinador general de la campaña electoral de 2011 se limitó a «redactar el programa electoral» y que en 2015 también ejercía esta función pero su dimisión a mediados de marzo por el caso Nóos le impidió estar al tanto de lo que decidía el comité de campaña. El exvicealcalde incluso negó que él ordenara el pago a la empresa Trasgos (una habitual del PP de Valencia con la que operaban al menos desde 2007) por la publicidad en la campaña de 2011 a la empresa Trasgos, que ascendió a 167.678 euros y que se pagó con cargo a la cuenta opaca al Tribunal de Cuentas con la que operaba el PP de Valencia (cantidad que no se contabilizó a efectos del tope de gasto electoral). Una declaración que se contradice con la ofrecida por la «cajera» del PP, Mari Carmen García Fuster -también imputada por delito electoral y el pitufeo- y el propietario de Trasgos, quienes aseguran que fue Grau quién ordenó la contratación y el pago de la publicidad electoral.
Por último, tanto el vicesecretario de organización del PP provincial, Juan José Medina, como el gerente del partido en 2011, José Antonio Moscardó Úbeda, -ambos imputados por un presunto delito electoral- se alinearon con la versión de los responsables del partido: «Sólo existía una cuenta para la campaña electoral del PP provincial y el resto de ayuntamientos»; además de alegar el absoluto desconocimiento de la cuenta opaca del PP de Valencia y las donaciones anónimas.
