Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de septiembre lleva camino de convertirse en nuevo quebradero de cabeza para el Consell y su reto de meter en cintura una función pública con un nivel de interinidad superior al 30 %. Los planes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas de consolidar el empleo de los cerca de 5.000 interinos y, al mismo tiempo, poner en marcha nuevos procesos de ofertas de empleo público que permitan ampliar la plantilla de la Generalitat tienen un problema añadido. El Consell podría verse obligado a pagar una indemnización por despido a aquellos interinos que se queden sin trabajo en un futuro, bien por no superar el proceso de consolidación, bien porque el Consell estime que su contrato ha terminado.

El fallo está referido al caso de una trabajadora interina del Miniterio de Defensa que durante más siete años estuvo sustituyendo a una funcionaria liberada sindical que ejercía funciones de secretaria. La afectada recurrió su despido y solicitó el pago de una indemnización al Tribunal Superior de Madrid, que ante las dudas consultó al tribunal europeo sobre la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada que vela por el principio de no discriminación entre trabajadores.

E l tribunal apunta que el personal interino de las administraciones, incluida la Generalitat, no tiene derecho a indemnización, algo que genera una «desigualdad» evidente respecto a los trabajadores fijos que en el marco laboral tienen derecho a 20 días por año trabajado. Echando mano de jurisprudencia (recuerda la sentencia que otorgaba el derecho de los interinos a cobrar trienios igual que perciben los funcionarios de carrera), el tribunal llega a la co nclusión de que la interina de Defensa tiene derecho a la indemnización por el principio de no discriminación. Y ello porque realizaba un trabajo idéntico al de la liberada sindical. Es decir, el tribunal considera que si la situación del trabajador interino es comparable al del fijo existe ese derecho.

El fallo, que tiene también consecuencias para todos los trabajadores, se ha movido mucho en círculos sindicales y entre el colectivo de interinos de la Generalitat susceptibles de perder su empleo o que ya está en la calle. Es el caso de los cerca de 40 inspectores de la Dirección General de Tributos que fueron despedidos hace unos meses. El colectivo ha iniciado una ofensiva judicial porque considera nulo su despido (en su lugar se han contratado otros interinos, aunque también están tomando posesión funcionarios que aprobaron la oposición), al tiempo que por vía administrativa se ha solicitado indemnización.

Fuentes del colectivo consultadas por este diario indicaron que incorporarán en su litigio los fundamentos de esta sentencia que viene a corroborar otras en las que se defiende el trato igual a funcionarios e interinos. Los interinos de Tributos despedidos calculan que en su caso les corresponderían más de 4 millones de euros, es decir, unos 100.000 por persona. Hacer una estimación de lo que costaría a la Generalitat el despido de sus 5.000 interinos es complicado ya que el cálculo está en función del salario y del tiempo de trabajo que pudieran acreditar. En todo caso, con la media del colectivo de tributos (100.000 euros por persona), despedir a todos sus interinos podría costar a las arcas públicas cerca de 500 millones de euros. Un motivo más para que el Consell quiera consolidar a sus temporales.