22 de septiembre de 2016
22.09.2016
Caso Taula

El 'pelotazo' del secadero de jamones que abortó Levante-EMV

El caso Taula reactiva el escándalo que revocó la oscura compra de una sede para la Emshi por 12 millones, el doble de su precio de mercado

22.09.2016 | 08:19

La voz de alarma dada por el sindicato FSP-UGT y por el entonces alcalde de Godella, el socialista Salvador Soler, así como el trabajo periodístico de Levante-EMV frustraron hace ocho años una turbia operación inmobiliaria que tuvo como protagonista a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), encargada de la gestión del agua potable en el área metropolitana de Valencia. Un antiguo escándalo que el sumario del caso Taula ha traído estos días a primera plana al trascender que la operación escondía una mordida de tres millones que, según ha declarado Marcos Benavent ante la Guardia Civil, iban a repartirse Alfonso Rus y Enrique Crespo.

Los hechos se remontan a mayo de 2008 cuando el organismo, presidido entonces por el alcalde de Manises, Enrique Crespo, hoy imputado en el caso Emarsa, acordó adquirir una antiguo secadero de jamones ubicado en la N-III, en el término municipal de Quart de Poblet, para convertirlo en su nueva sede social. Una operación plagada de irregularidades y de antemano ruinosa ya que el acuerdo (avalado por todos los responsables de los partidos) implicaba, según demostró este diario, abonar a la empresa que ofrecio el edificio, Cleop, alrededor de 12 millones cuando unos meses antes la constructora había formalizado una opción de compra por la nave por 7,2 millones, es decir, poco más de la mitad.

La apuesta informativa de este diario por un asunto con tintes de escándalo obligó a los responsables de la entidad a rectificar. El popular Crespo anunció que la compra-venta quedaba paralizada el mismo día en que este diario aireó el asunto y le hiciera saber que tenía constatado que el precio de la nave era dos veces mayor al que se ofrecía en el mercado. En 13 días un acuerdo avalado formalmente por los representantes de los 51 municipios de la Emshi (PP, PSPV, Compromís y EU con la excepción del voto en contra del alcalde de Godella) se convirtió con la misma unanimidad en un «no».

Pero la historia del secadero de jamones no quedó, sin embargo, enterrada en aquella asamblea del 5 de junio, una reunión que fue amarga para muchos y en el que algunos de sus representantes evidenciaron su malestar por la obligada rectificación. Hubo quien mató al mensajero, como el entonces portavoz de EU, Joan Antoni Pérez, quien votó a regañadientes porque era «poco probable que la nave costara la mitad» y recomendó «un código ético» al periodismo o el entonces portavoz del PP y alcalde de Mislata, Manuel Corredera, quien proclamó que «nadie» podría demostrar que el precio era desorbitado.

Y es que el asunto del secadero de jamones abrió muchas heridas, no sólo para quienes vieron como un negocio redondo se venía abajo, sino para representantes municipales de la oposición que vieron minado su prestigio ante el «gol» que les colaron. En las filas socialistas el asunto trajo cola. El entonces vicepresidente de la Emshi, Ramón Marí, tuvo que dar explicaciones en una reunión interna en la que se ventilaron los trapos sucios y se cruzaron reproches. A la FSP-UGT y a Soler se les echó en cara que no hubieran compartido sus sospechas. Este diario ha contactado con quienes entonces fueron protagonistas. Algunos ya retirados de la vida política como Corredera, prefieren no remover el pasado, otros, como el representante de EU, siguen justificándo su actuación al agarrarse al argumento de que los informes jurídicos y técnicos sostenían la operación. Todos, eso sí, reconocen la labor de este diario y creen que su papel fue determinante para abortar el pelotazo.

Pero hay otra reflexión que desliza el hoy teniente de alcalde de Godella, Salvador Soler. «El caso del secadero de jamones es fundamental para entender todo lo que pasó después con Emarsa». El socialista admite que a partir de ese momento los controles aumentaron y se rompió la buena fe que presidía las relaciones con el PP en las entidades supramunicipales. Sintonía, por otro lado, que en el pasado posibilitó acuerdos tan satisfactorios para todos como el escandaloso incremento de dietas por asistencia a reuniones y que también fueron aireadas por este diario. Dos años después la propia Emshi, propietaria de Emarsa, fue a instancias del PSPV, a fiscalía. De ahí, los lodos en los que hay procesados 24 personas, entre ellos Enrique Crespo.

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