La incertidumbre es la mejor palabra para definir el estado en que han quedado tanto la Conselleria de Sanidad como la Universidad Católica de Valencia (UCV) tras conocerse la decisión del TSJ de inadmitir el recurso del centro por la vía de derechos fundamentales contra la nueva organización de las prácticas universitarias de Ciencias de la Salud, que deja fuera del circuito de hospitales públicos a los estudiantes de las privadas.

El auto de la sala quinta de lo contencioso-administrativo es meridiano y deja bien a las claras que la Católica ha perdido la primera batalla en su lucha ante el Consell por quedarse en los hospitales públicos pero deja interrogantes sobre si están o no en vigor las medidas cautelares que la propia sala tomó en base a ese recurso.

Atendiendo a la lógica, si el recurso base ha sido inadmitido, ninguna de las resoluciones que en él se basan pueden mantenerse en pie pero en este enfrentamiento ninguno de los dos actores quiere dar un paso en falso. Así, ayer, ni desde la Conselleria de Sanidad ni desde la Universidad Católica se atrevían a hacer una lectura al respecto en uno u otro sentido hasta que los equipos legales de unos y otros ahonden en el estudio del auto o incluso se pida una aclaración al respecto al TSJ.

Desde Sanidad insistieron en que hay «satisfacción» por la resolución judicial pero sin realizar lecturas sobre si la orden queda o no en suspenso para los universitarios de la Católica. Dando por bueno el argumento de la lógica, la inadmisión del recurso dejaría vía libre al Consell para aplicar su reorganización de prácticas en toda su extensión al menos hasta que los tribunales digan lo contrario, porque la Católica no es la única universidad que planteó recurso al respecto.

El CEU escogió la vía ordinaria y, hasta ahora, su recurso sigue vivo. Los responsables de la UCV deben ahora decidir por dónde presentarán el nuevo recurso ya que la opción de aceptar tal cual la «exclusión» de sus alumnos de los hospitales públicos «no gusta».

El auto del TSJ puede ser recurrido y también se puede optar a la vía ordinaria. Y queda la opción de la negociación que, por ahora, se ha quedado en declaraciones a la galería. La resolución con la primera derrota judicial de la UCV llega cuando los estudiantes de Ciencias de la Salud de la privada que no sean de nueva matrícula están aún a la espera del mapa sanitario que les diga en qué hospitales públicos pueden hacer prácticas, atendiendo al compromiso del Consell de que no dejarían a nadie ya matriculado de años anteriores sin esta posibilidad.

Sea con medidas cautelares o sin ellas, los estudiantes de la Católica también esperan esta distribución ya que todos -públicos y privados- se van a someter al régimen que marca el RD 420/2015 y que impide que estudiantes, por ejemplo, de Medicina de dos universidades distintas coincidan en un mismo hospital para evitar la masificación. Tanto el director general de Recursos Humanos, Justo Herrera, como el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, han prometido que el mapa estará en octubre.

Mientras los estudiantes de último curso del CEU de Castelló se están impacientando por la tardanza, sus compañeros de la Universitat de València ya han empezado las prácticas finales en centros como el Doctor Peset.

La misma incertidumbre se palpa en lo referente a los recursos contra las órdenes de becas. Nadie se atreve a vaticinar que, si se ha levantado la suspensión de las becas de no abandono pasará lo mismo con los 3 millones de las becas de la Generalitat, ya que los planteamiento esgrimidos en su día son prácticamente los mismos en ambos casos.