La Audiencia de Valencia debe resolver un recurso que podría suponer un paso definitivo para celebrar el juicio por la macrocausa del caso Emarsa, sobre supuesto saqueo de al menos 23 millones de euros de la empresa pública encargada de la depuradora de Pinedo, o devolver el caso a la fase de instrucción.
Dicho recurso fue interpuesto por la Fiscalía el pasado mes de julio contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado del pasado 6 de julio, y al mismo se adhirieron los representantes legales de la Generalitat y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI). En este escrito, el Ministerio Fiscal reclama el procesamiento de un empresario, Joan Borrás, al que uno de los principales imputados en la causa, Jorge Ignacio Roca Samper -que se encontraba huido de la Justicia y fue detenido en Moldavia- mencionó en su declaración ante la jueza instructora el pasado 14 de junio.
Tras ser detenido y comparecer ante la jueza, reconoció que el incremento de 18 euros por tonelada de lodos tratada a 46,5 obedeció únicamente al reparto de comisiones entre él, Enrique Crespo, Esteban Cuesta, José Juan Morenilla, Ignacio Bernácer, José Luis Sena, Adolfo Polo, Enrique Arnal y Joan Borrás.
Roca -el único encarcelado de esta supuesta trama- ha explicado que fue Borrás, un empresario con quien compartía inversiones en fosas sépticas, quien le propuso gestionar los lodos de Emarsa y le puso en contacto con la depuradora de Pinedo. En consecuencia, Fiscalía ha reclamado el procesamiento de Borrás en un recurso que está pendiente de resolución por parte de la sección cuarta de la Audiencia Provincial y que, en caso de prosperar, supondría un nuevo retraso en la apertura del juicio, dado que sería necesaria la práctica de nuevas diligencias.
El considerado como «cerebro» de la trama que desvió fondos de la empresa pública Emarsa, Jorge Ignacio Roca Samper, declaró en junio que el coste del tratamiento de lodos de la depuradora de Pinedo prácticamente se triplicó con el único propósito de repartir de forma ilegal los sobrecostes facturados. Este acusado se encontraba huido de la Justicia desde el principio de la investigación, y en busca y captura desde enero de 2012, hasta que fue detenido en Moldavia el pasado mes de julio, donde también tenía asuntos pendientes con la justicia.
Su extradición se realizó el 15 de abril y tres días después, la jueza, a petición de la Fiscalía, a la que se adhirieron todas las acusaciones, acordó prisión provisional comunicada y sin fianza. Su detención provocó que la vista oral por la pieza principal, que inicialmente se iba a celebrar en la Audiencia Provincial en su ausencia el 2 de noviembre, fuese suspendida, de forma que el caso volvió a Instrucción para que se practicasen las diligencias complementarias que fuesen oportunas. Roca está también procesado en la pieza separada número 6 por delito contra la Hacienda Pública, después de que la jueza haya determinado que emitió facturas que no respondían a servicio alguno.
