Una Administración mermada y cuestionada por la corrupción. Ese es el panorama que dibujó ayer el presidente de la Generalitat respecto a la estructura de empleados que trabajan en la función pública en la Comunitat Valenciana, factores por los cuales abogó por «resetear» la misma, es decir, reiniciarla.
Durante la entrevista en LevanteTV, Ximo Puig explicó que la C. Valenciana «está por debajo de la media» en cuanto a número de empleados públicos. «Tenemos unas carencias muy importantes, una plantilla envejecida, escasa y en algunos casos, manchada por la corrupción», manifestó el jefe del Consell.
A preguntas de los contertulios, el presidente confesó que «nos agobia pensar en cómo llegar a final de mes». Habló de la futura ley de Función Pública, que está llamada a subsanar las carencias que los expertos consultados por la Generalitat destacaron en su informe elaborado este verano. «Queremos que sea una ley consensuada, es una reforma completa del sector público», señaló Puig. En este sentido, apostilló que «no hay casi espacio público, y que cuando se habla de altos cargos se exagera. El número total de altos cargos de la Generalitat cuestan 0,97 euros por valenciano al año», destacó el jefe del Ejecutivo.
Según el informe realizado por el grupo de especialistas consultados por la Generalitat para diagnosticar el estado de la administración valenciana, más de 3500 funcionarios no están en su puesto de trabajo y 5.500 son interinos.
