Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han registrado esta mañana las viviendas de tres empresarios y un exasesor de Rafael Blasco en relación con el pago de comisiones en la tramitación de programas de actuación integradas (PAI) que forma parte de una pieza separada del "Caso Avialsa" que investiga los presuntos amaños en los contratos de los aviones de extinción de incendios, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos. La operación relacionada con la causa judicial que acabó con la detención del exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, en mayo de 2105, ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt y la Fiscalía Anticorrupción, que ya investigan al conocido como el «cártel del fuego». Los registros se han realizado en dos domicilios de Valencia, uno en Alboraia y otro en la localidad madrileña de Rivas-VaciaMadrid, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Las nuevas detenciones no guardan relación con la investigación sobre los presuntos amaños de contatos de la extinción de incendios, pero sí con irregularidades relacionadas con la tramitación de los PAI en Alfara de la Baronia y Quartell. Los tres empresarios y el exasesor detenidos a instancias de la UDEF estarían siendo investigados por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad, según confirman fuentes del TSJCV.