«Valencia no se va a quedar callada ante esta nueva tropelía del gobierno de Mariano Rajoy!». Así de explícito y tajante se mostraba ayer Joan Ribó tras conocer que el Gobierno central no incluye entre sus planes de futuro ni el túnel pasante ni el Parque Central. El alcalde de Valencia, que lleva desde que accedió al cargo reclamando a la Administración central una mayor implicación con las necesidades de los valencianos, apuntaba: «Y cuando hablo de Valencia no me refiero solamente a su Ayuntamiento, sino al conjunto de agentes sociales y ciudadanía». «Si el mayor menosprecio es el ninguneo, la política del gobierno central sobre las infraestructuras de Valencia es un verdadero insulto a todos los valencianos», argumentaba la primera autoridad municipal, cansado de solicitar por carta a Madrid que se tomen en serio las reclamaciones valencianas.

«Las administraciones valencianas, la patronal, los sindicatos, las universidades, las entidades sociales en su conjunto... Todos somos conscientes de la importancia para la economía valenciana de aspectos básicos como el túnel pasante, o que nos son de justicia, como la entrada soterrada del AVE con un Parque Central digno, como ocurre en el resto de España», venía a recordar ayer.

Ribó fue un poco más lejos, al advertir que desde su administración, pero también conjuntamente con la Generalitat Valenciana,, se impulsarán «acciones conjuntas que demuestren que Valencia se planta ante este nuevo menosprecio».

El Ayuntamiento de Valencia solicitó en abril pasado al Ministerio de Fomento que remitiera al consistorio el estudio de viabilidad técnico-económica de la prolongación sur del túnel de Serrería. Ribó aseguró entonces que la ciudad «necesita infraestructuras potentes y del siglo XXI que permitan su desarrollo económico» y «ya no puede esperar más». Poco después trascendieron las alegaciones del ministerio, poniendo freno a los esperados soterramientos ferroviarios y que Fomento presentó en enero de 2015 a la revisión del PGOU impulsada por el gobierno de Rita Barberá y anulada por el gobierno del tripartito.