04 de octubre de 2016
04.10.2016

La diputación gastó 1,2 millones en despedir a 50 trabajadores durante la "limpieza" de Imelsa

Siete de los licenciados concentraron el 50 % de las indemnizaciones y recibieron unos 85.000 ? cada uno

04.10.2016 | 08:31
La diputación gastó 1,2 millones en despedir a 50 trabajadores durante la "limpieza" de Imelsa

Se avisó y se ha cumplido. La limpieza de la empresa pública Imelsa, foco de corrupción en la Valencia de la última década, no iba a salir barata. La ahora conocida como Divalterra despidió durante 2015 a 50 trabajadores, algunos de los cuales eran «zombis» que no tenían ni objeto de trabajo y ni siquiera hacían acto de presencia en su puesto. Esta operación le ha costado a la Diputación de Valencia, de momento, 1,2 millones de euros en indemnizaciones, según se recoge en la auditoría externa legal a la que se ha sometido la entidad y a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

El documento detalla que del total de los afectados por los despidos, siete concentraron el 50 % de las indemnizaciones, es decir, 600.000 euros (recibieron una media de 85.700 euros por cabeza).

Además, la auditoría destaca que estos pagos se encuentran «por encima del nivel legal máximo», algo que Divalterra justifica porque si los trabajadores hubieran recurrido los despidos, probablemente hubieran ganado el proceso, y al final hubiera salido más caro que esos 1,2 millones. La auditoría parece aceptar y validar estos argumentos.

La investigación externa, a cargo de la empresa RSM, se centra en conocer si se ha cumplido con la legalidad vigente en las áreas de personal, contratación administrativa, convenios de colaboración y contratos de patrocinios, fiscalidad y Seguridad Social del ejercicio 2015 (hasta mayo, la diputación estaba en manos del PP).

En este sentido, se ha detectado también que la alta dirección de Divalterra ha pasado de estar formada por una persona a estarlo por diez, de los cuales dos son gerentes y uno es director de servicios jurídicos, transparencia y administración. Fuentes de la diputación argumentan que lo que se ha hecho es «legalizar» a estos cargos, ya que en la etapa anterior, con Marcos Benavent como gerente (el exyonki del dinero), existía «una cúpula con sueldos desorbitados pero no constaban en ningún sitio como responsables».

El estudio afea a Divalterra que se haya saltado la disposición del Gobierno español que impide nuevas contrataciones en el sector público por los recortes.

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