04 de octubre de 2016
04.10.2016

Presidencia contentará a los abogados de la Generalitat con una subida salarial

La medida implica un aumento paulatino de las retribuciones de un pilar básico en la gobernabilidad

04.10.2016 | 00:11

El cuerpo de abogados de la Generalitat podría ver mejoradas de forma sensible sus retribuciones en los próximos dos años. Presidencia de la Generalitat, departamento del que dependen los servicios jurídicos, ha propuesto una reclasificación de los puestos que ocupan los letrados para que estos vean reforzadas sus nóminas. En concreto, según ha podido saber este diario, la idea es que mejoren tanto el nivel como el complemento específico. El incremento será paulatino. En 2017 se propone que pasen de un nivel 26 (705 euros brutos al mes) a un 28 (840 euros), mientras que para 2018 está previsto que el específico E49 (dotado con 1.490euros) pase a un E50 (1.577 euros). En total, este refuerzo salarial permitiría a los miembros del cuerpo cobrar dentro de dos años una media de 227 euros más al mes y equipararse a los jefes de servicio.

La propuesta está recogida en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2017 cuyo anteproyecto recibió el pasado viernes el visto bueno del Consell. El borrador podría aún sufrir cambios ya que tan solo se ha iniciado su tramitación.

El incremento salarial de los abogados de la Generalitat ha generado malestar en algunos ámbitos de la Administración al no entenderse los motivos de esta medida que, además, puede entenderse como un agravio comparativo respecto a otros funcionarios. Sin embargo, lejos de sentirse privilegiados, los letrados llevan tiempo quejándose de sus condiciones laborales. Argumentan que están sometidos a mayor carga de trabajo derivada de los casos de corrupción de la anterior etapa de Gobierno o demandas de cariz político en las que tienen que intervenir. El colectivo, formado por unos 65 juristas, ha tenido, además, que asumir más trabajo conforme el Consell ha ido prescindiendo de servicios de despachos privados. Además, el cuerpo ha sufrido bajas en los últimos tiempos ya que hay letrados que han preferido optar a una subdirección general o a una jefatura de servicio porque estas plazas (que se ofertan a través de la libre designación) están mejor retribuidas.

Esta decisión coincide con el rifirrafe en el que hace una semanas ha estado inmersa la Asociación de la Abogacía de la Generalitat (entidad que defiende los intereses de los letardos) y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por una entrevista al diario El Mundo en la que venía a reprochar al colectivo que en el pasado hubieran pasado por alto irregularidades de la etapa popular. La consellera apuntó también que a veces tenía la sensación de que el cuerpo entorpecía con sus informes la gestión. Con esta controversia de telón de fondo, Presidencia ha tomado partido y parece dispuesta a contentar a un colectivo que es, junto con los interventores, un pilar básico de la Administración ya que sus informes jurídicos son básicos para todo tipo de asuntos.

Hace casi dos décadas, el Consell del PP aumentó el salario de los interventores al crear ad hoc un complemento específico y reclasificar sus puestos. Aquel acuerdo, que no se negoció con los sindicatos, acabó en los tribunales. La Justicia acabó obligando a los funcionarios a devolver el dinero.

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