El debate de la reforma del Estatuto de la Comunitat Valenciana en el Congreso de los Diputados para adecuar la inversión del Estado al peso poblacional de este territorio, el tercero en apenas un año, resulta una excelente radiografía del peso que tiene la política valenciana en Madrid.
Por mucho que los grupos se esfuercen en convencer a sus diputados de la importancia del debate, o más bien para que eviten una imagen desangelada del hemiciclo, el ambiente en la Cámara es de una cuestión de puro trámite. Nada que ver, por ejemplo, con los debates de los estatutos vasco o catalán celebrados en en la historia más o menos reciente. Con el Gobierno casi ausente en su totalidad y con el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, como una isla en el banco azul, ni siquiera el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, parece interesado en escuchar de viva voz la reclamación de los representantes de las Corts, la sede de la soberanía del pueblo valenciano, muy sensibilizados todos con la necesidad de reformar el sistema de financiación.
En ausencia, por tercera vez, del presidente en funciones, Mariano Rajoy, esta vez llamaban la atención los numerosos huecos en la bancada socialista, que aún trata de digerir que se ha quedado huérfana de líder con la dimisión el pasado sábado de Pedro Sánchez. Sólo la presencia de los líderes de Podemos y Ciudadanos, Pablo Iglesias y Albert Rivera, daba cierto color al hemiciclo.
En contraste, la nutrida presencia del Consell, con el presidente, Ximo Puig; la vicepresidenta, Mónica Oltra, el conseller Manuel Alcaraz o el presidente de las Corts, Enric Morera, aunque el hecho de que al final todas las voces que intervienen „salvo la de republicano catalán Joan Tardà„ sean valencianas aporta pocas novedades al debate. Todos los partidos asumen que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y por tanto avalan la reforma del Estatuto para que, al menos, la inversión del Estado se adecúe a la población, lo que nunca ha ocurrido en la historia ya que los valencianos, que representan el 11% de la población española, nunca han recibido más del 8% anual y en muchas ocasiones la cifra ha caído al 4 o al 5% del total estatal. Ese blindaje, que es una declaración política que no obliga a nada al Gobierno, ya lo incorporan desde hace más de una década los estatutos catalán o andaluz.
Ciudadanos, la voz discordante
Como ocurrió en abril, Ciudadanos evitó la unanimidad. El partido que lidera Albert Rivera se abstuvo en la votación de toma en consideración de la reforma del Estatut, porque, en opinión del diputado Toni Cantó no sirve para nada ni resuelve el problema de la falta de inversiones en la Comunitat Valenciana.
En ese contexto, la historia de la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano es la del quiero y no puedo. Siete veces ha llegado a la Cámara Baja en seis años la reforma de la carta magna valenciana que en 2006 pactaron Francisco Camps e Ignasi Pla. Las cuatro primeras no llegó a debatirse porque al PP, con mayoría absoluta en Madrid y Valencia, no le interesaba políticamente; y las tres últimas la toma en consideración recibió el aval del Congreso, aunque la disolución dos veces de las Cortes Generales ha impedido que la reforma valenciana se apruebe. El pleno de ayer sólo sirve para iniciar la tramitación de parlamentaria de la reforma. Incluso es posible que tenga que volver una cuarta vez si de nuevo se disolvieran las Cortes Generales para convocar elecciones.
En algo más de una hora intervinieron en el Congreso la portavoz del PPCV, Isabel Bonig, los de Compromís y PSPV, Xavier Ferri y Manuel Mata, además de los diputados en Madrid Joan Baldoví (grupo mixto), Àngela Ballester (Unidos-Podemos), Julián López (PSOE), Toni Cantó (Ciudadanos) o Gerardo Camps (PP). A ellos se sumó el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà, que encendió a los populares con sus contínuas apelaciones a los Països Catalans y a la república valenciana.
En el PP, Isabel Bonig no desaprovechó la oportunidad que le brindaba el discurso en el Congreso para reivindicarse ver ante los suyos como lideresa popular en en escenario de tanto lustre. El suyo es un verbo potente, aunque hueco, según le reprochó Joan Baldoví, en una de las intervenciones más acaloradas que se le recuerdan. Las palabras de Baldoví sirvieron también para certificar que en Compromís se asume ya que habrá gobierno de Rajoy y que la gestora socialista encomendará la abstención a sus diputados en cuestión de pocos días.
No vincula al Gobierno
Pero si una frase resume la importancia política de la jornada de ayer en Madrid es la del popular Gerardo Camps, que ha sido conseller de Hacienda: «Seamos serios señores, es una reclamación justa del pueblo valenciano que no vincula al Gobierno en su ejecución». El debate llegó a resultar tenso en algún momento, lo que obligó a la presidenta, Ana Pastor, a emplearse a fondo. Fueron continuas las peticiones de palabra de los grupos por alusiones, especialmente del popular Rafael Hernando, en defensa de Bonig.
