Ciegsa seguirá siendo, al menos de momento, un instrumento para que la Conselleria de Educación lleve adelante su plan de infraestructuras educativas. La entidad, en el ojo del huracán al ser uno de los pilares claves de la investigación del caso Taula, está destinada a la extinción, pero el proceso va para largo. Tanto que el Consell de ha visto obligado a utilizar la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2017 para mantenerla legalmente activa hasta que esté liquidada.

En realidad, fue el gobierno de Alberto Fabra el que a través de la ley de acompañamiento de 2013 tomó la decisión de extinguir esta sociedad creada en la etapa de Eduardo Zaplana para acabar el mapa escolar. Sus acciones debían pasar a otra entidad (EIGE)

A lo largo de los años, la gestión de Ciegsa estuvo en el punto de mira de la oposición y de la propia Sindicatura de Comptes que denunciaba las irregularidades en la contratación y los sobrecostes. Con la operación Taula, la imagen de Ciegsa y sus gestores ha acabado por hacerse añicos al constatarse como se utilizó para cobrar comisiones a las constructoras. La conselleria de Educación ha asumido competencias de esta entidad, pero quedan flecos ya que el departamento que dirige Marzà cree que una «acelerada y anticipada extinción» puede generar prejuicios.

De ahí que, sin fecha todavía para su desaparición, la conselleria seguirá echando mano de Ciegsa, sobre todo en la contratación de aulas prefabricas o en todo aquello que tenga que ver con la modificación o prórroga de contratos vigentes con barracones. También, según se especifica en la ley, tendrá que hacerse cargo de la gestión de los contratos d e servicios de arquitectura vigentes y todo aquello relacionado con los expedientes en vigor.

En el texto no se establecen plazos para la liquidación.