Pocas cuestiones suscitan unanimidad en la Comunitat Valenciana. Y en política menos. Pero que este territorio recibe una cantidad sensiblemente menor de lo que le corresponde en el dinero que se reparten las autonomías resulta a estas alturas incuestionable. No menos de una veintena de informes de expertos acompañan una reivindicación que sigue sin trascender más allá y que está muy lejos de calar donde se toman las decisiones relevantes, en Madrid. Un anomalía que genera una merma de ingresos para los valencianos de 1.300 millones anuales, según el Consell.
En esa tarea anda enfrascado el ejecutivo de Ximo Puig que ayer movilizó en Madrid a responsables del ámbito político, empresarial, universitario, sindical o agrícola para visibilizar en la capital la «injusticia».
La reivindicación, así, acaba de dar un salto cualitativo. Se traslada directamente al centro de la política. Un Madrid donde los grandes debates han quedado totalmente apagados porque la inestabilidad política y el estado de campaña electoral permanente difuminan cualquier otra asignatura pendiente que no sea la gobernabilidad de España. Ya se vio el martes, con la llegada al Congreso de la reforma del Estatuto valenciano.
Por eso, situar el foco de atención en la reclamación valenciana es una labor titánica, porque además el estereotipo valenciano más recurrente en Madrid sigue siendo el del levante feliz y corrupto que plantea un problema localista y victimista.
Lo planteó así la vicepresidenta, Mónica Oltra: «Lejos de la imagen del levante feliz a bordo de ferraris y coches de lujo late una población castigada que sufre las consecuencias de una injusticia que hay que reparar».
Puig, en su discurso ayer en el circulo de Bellas Artes de Madrid, lamentó que las cuestiones que no se abordan, aunque sean injustas, no existen y, por tanto, nunca se solucionan. Esa es la verdadera reclamación valenciana, la de la visibilidad de una desigualdad producto de una situación tan anómala como que la Comunitat Valenciana sea la única autonomía considerada pobre que aporta al conjunto del Estado. Porque hay riesgo cierto, según Puig, de que el entretenimiento político actual acabe con la verdadera política.
Pero, el pueblo valenciano se ha cansado de esta situación y de forma solemne ha dicho: «´hasta aquí hemos llagado´. Eso era imprescindible hacerlo oír aquí en Madrid». El presidente añadió que, pese a todo, se ha iniciado en la C. Valenciana una época de renacimiento que corroboran ya diferentes indicadores económicos.
Para ilustrar la invisibilidad, Puig reveló una conversación reciente con un alto ejecutivo del Banco de España. Cuando el presidente le dijo que la Comunitat Valenciana está un 12 % por debajo de la media española en renta per capita, el alto funcionario rebatió el dato, hasta que Puig lo certificó con las propias estadísticas del Banco de España.
La otra derivada de la infrafinanciación es la falta de inversiones, también reiteradamente denunciada por actores políticos y expertos. Uno de ellos es el profesor Francisco Pérez, responsable del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y portavoz de los expertos que estudiaron el problema para las Corts, también presente ayer en Madrid. Pérez remonta el origen del problema a la transición cuando el Estado transfirió a la Generalitat la gestión de la educación (1983) y la sanidad (1987). Como este territorio ya disponía entonces de menos dotaciones en estos servicios públicos, salió perdiendo porque recibió menos recursos que otras para financiarlos, lo que obligó al ejecutivo autonómico a un mayor esfuerzo económico.
Y ninguna de las reformas del sistema, 1996, 2001 y 2006, con gobiernos de todos los colores, solucionó el problema. «Se está produciendo una redistribución a la inversa. Se destinan recursos a autonomías con una renta per cápita por encima de la media y cada día que pasa, la necesidad de reformar el sistema de financiación es más urgente», advirtió Puig. Y citó a Paul Auster: «Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia».
En ese contexto, la brecha es cada vez mayor porque la Generalitat se ha visto obligada a grandes recortes y a dar prioridad a los servicios fundamentales.
El presidente de les Corts, Enric Morera, también intervino para asegurar que está en juego el futuro de los valencianos porque «sin autonomía financiera no puede existir la autonomía política».
