El Consell que preside Ximo Puig ha propuesto una modificación en la ley que regula la concesión de subvenciones públicas con el fin de prescindir del hasta ahora preceptivo informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC). La medida, contemplada en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2017, se justifica, según mantiene el Ejecutivo, en que solicitar el aval del organismo ralentiza el ya de por sí farragoso trámite de ayudas.
La decisión está en marcha a pesar de que el propio Consell admite que tanto la doctrina del Consejo de Estado como la del Tribunal Supremo coinciden en que este dictamen es preceptivo ya que «la bases reguladoras de las transferencias corrientes [la hoja de ruta de quien, cómo y en qué condiciones se puede disfrutar de una subvención] constituye una disposición general en ejecución de ley».
El Consell, no obstante, se escuda en que otras comunidades, en concreto, Baleares, ha tomado la decisión de excluir a su órgano consultivo. En su razonamiento indica que «la naturaleza de estas disposiciones requiere de una tramitación lo más ágil posible para que puedan llevarse a término las ayudas» ya que, subraya, toda la tramitación debe hacerse dentro del ejercicio presupuestario «para que los beneficiarios puedan aplicar los fondos y cumplir con las obligaciones establecidas». «La petición de dictamen al Jurídic Consultiu retrasa significativamente la tramitación de estas órdenes, lo que dificulta la operabilidad de la actuación administrativa y la consecución de los objetivos perseguidos», concluye.
La postura del Consell, sin embargo, choca frontalmente con la del propio CJC que preside en funciones Vicente Garrido. De hecho, el organismo ya se ha pronunciado sobre este asunto en su memoria de 2015, que Garrido entregó en mano al presidente Ximo Puig hace unas semanas en su visita al Palau de la Generalitat. En el apartado de sugerencias de esta memoria, el Jurídic dedica un capítulo a este asunto y concluye que las bases reguladoras de subvenciones deben ser objeto de su dictamen.
Curiosamente, la ley de acompañamiento de los presupuestos ha sido enviada al CJC para que informe sobre su contenido. Resulta evidente que el Jurídic se pronunciará en contra de que le aparte de este asunto. En la memoria de 2015, el organismo proporciona una suerte de guía de instrucciones al Consell para que a la hora de aprobar sus bases reguladoras no incurra en los mismos fallos que dan lugar a las advertencias de ilegalidad del Consell. El objetivo de estas recomendaciones era precisamente dar mayor seguridad jurídica al Ejecutivo y evitar que perdiera más tiempo rectificando las normas.
El Consell, sin embargo, parece dispuesto a ahorrarse el paso de pedir opinión a la institución estatuaria que, en ocasiones, ha puesto serias pegas a cómo el Consell quiere distribuir su dinero. El caso más relevante es el que tiene que ver con la controvertida orden de la Conselleria de Educación que regula las concesión de becas para estudiar en las universidades y que deja fuera a los centros privados. Fue recurrida ante los tribunales, aunque recientemente se levantó la orden de suspensión cautelar.
El Consell aprobó la orden sin tener en cuenta el informe del Jurídic de junio que estableció una observación esencial con la advertencia de que la limitación para los centros privados no sólo no estaba prevista en la norma básica del Estado y podía suponer una vulneración de la libertad de enseñanza y educación recogida en el art. 27 CE, así como en el ejercicio del principio de igualdad ante la ley, art. 14 CE. Añadía que la restricción a la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir «es contrario al acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales», por lo que exigía que suprimiera la citada restricción respecto a las enseñanzas cursadas en las universidades privadas y centros privados adscritos a universidades públicas».
