El presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), José Manuel Boquet, que deberá declarar como imputado en la investigación por las irregularidades en los pagos a la enseñanza concertada el 13 de octubre, defiende que «el fallo no está en Feceval, sino en la Conselleria de Educación al autorizar unos pagos que no tenían respaldo legal». Boquet explica que el origen de los convenios que ahora se investigan arrancan de un acuerdo de 1991 entre el Ministerio de Educación con la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE). «En 1996 la Conselleria de Educación adoptó esa fórmula con la patronal católica y a nosotros nos dejó fuera. Protestamos pero no se nos concedió hasta 2003».

El presidente de la mayor patronal de la concertada asegura que desde «2003 hasta 2009 firmábamos unos convenios con la Conselleria de Educación que marcaban cómo se tenían que hacer las cosas, unos acuerdos que los firmaba directamente el conseller. De hecho, el último lo suscribimos con Alejandro Font de Mora». Sin embargo, admite que «a partir de 2009 la conselleria nos comunicó que dichos convenios se iban a hacer de otra forma con el fin de darles cobertura legal, pero eso no sucedió. Cada año se renovaban y Educación nos decía que era como una prórroga tácita y el procedimiento se mantuvo igual de 2010 a 2013». Boquet añade que «nosotros nos limitamos a cumplir año a año lo que nos exigía la conselleria: presentar una programación de los cursos, justificar que se impartían y se cumplían las horas programadas... Y Educación pagaba a nuestros cuatro colaboradores de formación a través del procedimiento de pago delegado. Por Feceval no ha pasado ningún duro».

Este pago delegado por el que optó la Conselleria de Educación durante los gobiernos del PP no tendría cobertura legal. Así lo admite Boquet a Levante-EMV. «Compromís cuando presentó la denuncia tenía razón, porque el procedimiento administrativo elegido por la conselleria para pagar a los colaboradores de formación no es el correcto ya que el pago delegado está reservado para abonar el sueldo a los docentes a cambio de las horas de clase que les asigna Educación en cada centro educativo». Pero añade que quien optó por esta fórmula fue «la Administración, que eligió el procedimiento de pago». Boquet no entiende que sólo se le cite a él como investigado. «Fastidia que se nos cite a nosotros solos como imputados y no suceda lo mismo con la patronal religiosa, que tenían el doble de asesores y desde mucho antes. Se imputa a Feceval y no a la otra patronal... ¿Por qué nosotros hemos presentado un contencioso administrativo contra la conselleria por las aulas públicas de Infantil de 2 años?». Ni tampoco que una treintena de funcionarios y altos cargos de la anterior conselleria del PP hayan declarado como testigos «mientras a mi me citan como imputado cuando era la Administración quien ordenaba y daba el visto bueno a los pagos».